El edil Héctor Suárez, citado a declarar como investigado por las obras de emergencia en Telde

El procedimiento judicial abierto en torno a las obras de emergencia ejecutadas en 2022 para abastecer de agua a asentamientos ilegales en Telde ha dado un nuevo paso. El exalcalde y exconcejal de Aguas, Héctor Suárez, hoy edil del grupo de los no adscritos, ha sido citado a declarar como investigado el próximo 4 de febrero de 2026 ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, según ha podido confirmar TELDEACTUALIDAD.

Ese mismo día comparecerán también los otros tres imputados en las diligencias, mientras que varios testigos —entre ellos funcionarios municipales— lo harán el día anterior.

Obras bajo la lupa

La investigación se centra en las obras declaradas de emergencia el 1 de julio de 2022 por el entonces concejal de Aguas y Urbanismo, Héctor Suárez. La medida, adoptada bajo la justificación de motivos de seguridad, permitió eludir la licitación pública y adjudicar directamente la actuación a la empresa Construplan por 690.000 euros, una cifra que después se elevó a más de 1,3 millones de euros tras sucesivos incrementos y reclamaciones judiciales, sin que la Junta de Gobierno aprobara formalmente las ampliaciones presupuestarias.

Los trabajos, además, se realizaron en suelo rústico y protegido, atravesando propiedades privadas y terrenos del Cabildo de Gran Canaria sin autorización expresa de estas instituciones, según obra en el expediente.

Requerimientos judiciales

Tal y como informó TELDEACTUALIDAD; el  juzgado, en oficio fechado el 10 de julio, ha pedido al Ayuntamiento de Telde que certifique la intervención de concejales y funcionarios en la contratación de los servicios de suministro de agua vinculados al proyecto. Se solicita también detallar el procedimiento legal aplicable en casos de emergencia, los requisitos que lo justifican y si estos se cumplieron en esta actuación.

La magistratura demanda además aclaraciones sobre la competencia municipal en la adquisición de redes de agua agrícola y de abasto, el procedimiento seguido tras la asunción de competencias de Fraindagua y la compatibilidad de la contratación con las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística en los terrenos afectados.

Investigación del Seprona

Este medio ya informó de que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil  fue el primero en poner bajo sospecha la legalidad de la actuación promovida por Héctor Suárez, a quien el Seprona atribuye cuatro delitos: contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios públicos y prevaricación urbanística.. Su investigación, remitida al juzgado, apuntaba a posibles irregularidades en el procedimiento de emergencia y en la ejecución de las obras, circunstancia que motivó la apertura de las diligencias previas 0002614/2024.

Los investigados

En el expediente judicial figuran como investigados Héctor Suárez, una funcionaria municipal y dos trabajadores de una empresa vinculada al proyecto. Suárez, al conocerse la investigación meses atrás, sostuvo que no tenía conocimiento alguno de la actuación judicial en curso.

El Ayuntamiento, por su parte, ha enviado al juzgado el expediente completo requerido y ha manifestado su voluntad de colaborar en todo momento con la instrucción.

Un proceso abierto

La citación judicial del próximo mes de febrero marcará un punto clave en un procedimiento que cuestiona la legalidad de una actuación que duplicó su coste inicial y que se ejecutó en terrenos rústicos sin las autorizaciones correspondientes. La decisión judicial sobre las diligencias determinará el futuro procesal del exalcalde y de los otros tres investigados.