La dotación de abasto público por parte del Ayuntamiento de Telde a zonas de reparcelación ilegal en el municipio está siendo objeto de investigación por las fuerzas de seguridad, concretamente por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, unas diligencias policiales en las que no se descartan posibles detenciones de los responsables si se confirmarán la consumación de un delito.
Según ha podido saber TELDEACTUALIDAD, en el punto de mira de estas indagaciones en marcha están las acometidas llevadas a cabo durante el mandato anterior por la Concejalía de Aguas, con Héctor Suárez al frente de esta delegación, en sectores como El Mayorazgo, Jerez, Montaña de Las Huesas y Piedra Molino, entre otras.
Esta intervención arranca en 2021 cuando Fraindagua SL, una empresa familiar dedicada a la captación y distribución de agua, tanto de abasto como para riego agrícola, comunicó a sus clientes en Telde que dejaría de abastecerles, circunstancia que el Ayuntamiento de Telde asumió para garantizar que los que dependían de esta sociedad para el agua de consumo humano no se quedasen sin suministro, con la puesta en marcha de una serie de acciones.
En julio de 2002, un año después desde que la empresa privada Fraindagua SL, dedicada a la captación y distribución de agua, notificase a sus clientes que les iba a dejar de suministrar, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Aguas y Saneamiento, dirigida por Héctor Suárez, puso en marcha la obra de emergencia para dotar a cuatro zonas diseminadas del municipio del servicio de abastecimiento de agua conectando a la red municipal a 137 usuarios. Los barrios a conectar a la red de abasto pública eran los de Montaña Las Huesas, El Mayorazgo, Jerez y Piedra Molino. En aquella presentación, se indicó que con esta intervención, aprobada por la Junta de Gobierno Local, se conseguía cubrir la totalidad de los 542 usuarios que se habían visto afectados por el corte de suministro de la entidad familiar que les surtía hasta ahora.
Suárez afirma que está tranquilo
El Seprona ha solicitado ya el expediente completo de estos proyectos y, según distintas fuentes consultadas por este medio, el funcionario responsable de la jefatura de servicio ha sido citado a declarar en varias ocasiones, desconociéndose por ahora si lo ha sido el edil Suárez, quien ha señalado a Canarias7 que "estoy muy tranquilo. Quiero decir que en todas las acometidas de agua que se realizaron desde la institución pública, a raíz de que Fraindagua dejase de abastecer a sus clientes, se efectuaron con todos los preceptivos informes técnicos favorables correspondientes, siguiendo todos los pasos requeridos por la administración. Nadie me ha citado, pero quizás se está intentando confundir a la opinión pública con un asunto que en nada tiene que ver con esto".
Según algunas fuentes, estas investigaciones se enmarcan en una operación más amplia, denominada Domos, que la Guardia Civil ha abierto en Gran Canaria, concretamente en Telde, contra 136 personas a las que se acusa de levantar edificaciones en suelos rústicos. La Guardia Civil detectó un patrón común en este tipo de prácticas. Los principales promotores compraban fincas de entre 20.000 y 30.000 metros cuadrados en suelo rústico que vendían luego en parcelas de apenas 500 metros por precios más elevados con la falsa creencia de que las construcciones con el paso del tiempo quedarían legalizadas por prescripción.
El Seprona puso en marcha esta operación a principios de 2023 ante la proliferación de "construcciones ilegales con fines residenciales, recreativos e industriales en suelos protegidos, donde están prohibidos ese tipo de usos, hechos que conllevan la degradación de zonas ambientales sensibles y ponen en riesgo la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades locales legalmente asentadas".
Los principales promotores de estas obras ilegales adquirían "fincas rusticas en las cuales el uso está muy restringido debido a su protección medioambiental, a un precio relativamente económico". Dividían las fincas en parcelas más pequeñas que vendía "a un precio mucho más elevado, con la falsa creencia de que las construcciones en esas parcelas quedarían legalizadas en el tiempo por prescripción".
"Estos promotores llegaban al punto de facilitar a los compradores dotaciones de servicios, tales como la construcción de manera conjunta de los cerramientos exteriores, colocación de portones de acceso a las subparcelas e incluso gestionaban la contratación de suministros de abastecimiento de agua de consumo humano utilizando a un instalador autorizado, falseando los boletines de instalación para obtener el suministro", según ha señalado la Guardia Civil.
Los nuevos propietarios construían "sin ningún tipo de licencia" edificaciones de uso residencial, en su mayoría para segundas viviendas.
Este tipo de delitos contra el territorio pueden comportar penas de prisión de uno a tres años, la orden de derribo de lo construido ilegalmente y sanciones que pueden superar los 200.000 euros.
Macropoceso judicial en marcha
Fruto de esta operación Domos del Seprona, el Juzgado de Instrucción número 1 de Telde ha iniciado un macroproceso con 50 investigados a los que se les atribuyen dos presuntos delitos, uno contra la ordenación del territorio y otro de falsedad documental.
Según ha publicado Canarias7, los encartados, todos en libertad, son propietarios o residentes en parcelas del núcleo de Cruz de Jerez, un populoso asentamiento entre Lomo Cementerio, Las Huesas y el barranco de Silva donde proliferan las construcciones sin permiso en reparcelaciones también ilegales en suelos no aptos para ese fin. La zona afectada sería la que linda con el barranco.
El asunto está aún en fase de diligencias previas, pero ya se han iniciado las rondas de declaraciones, con hasta cinco tandas de citaciones entre junio y septiembre de 2024. El Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, antiguo mixto 6, que es el que lleva las riendas de esta macroinvestigación judicial, ya tomó declaración a 10 de los 50 investigados el pasado 17 de junio. Las siguientes tandas están programadas para septiembre.
Jerónimo | Lunes, 15 de Julio de 2024 a las 13:37:12 horas
D. Quino, en ningún momento he dicho ni he escrito que se deba permitir hacerlo de gratis, lo que he dicho es que dejen fabricar y hacerse su casita, seguro que todos están dispuestos a pagar los permisos, planos, y papeleos pertinentes, pero es que no dejan hacer eso, que hagan una recalificación de suelos, y permitan fabricar ahí, si pueden haber fabricaciones al lado izquierdo de la calle, también la pueden haber al lado derecho, pero de forma legal,y ojo, según edificación y obra, que se cobre más o menos, un gran caserón con piscina, que pague más, pues ese no lo hace por la necesidad de tener un techo, la edificación mínima para poder vivir, pues que pague menos, pues no es por lujo, es por necesidad, sería lo justo.
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