Aquanaria y el relato oportuno

Cada vez que la Plataforma Ciudadana por un Mar Limpio logra colocar el debate en la agenda pública, la empresa acuícola vuelve a aparecer en escena con un nuevo anuncio. No es casualidad, sino un patrón que se repite desde la primera gran movilización vecinal, cuando más de 2.000 personas recorrieron el litoral de Melenara, Clavellinas y Salinetas reclamando la retirada de las jaulas marinas.

La secuencia se repite ahora. Tras conocerse que la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias convocaba por primera vez a los colectivos ciudadanos desde el grave episodio de contaminación marina que provocó la mortandad de toneladas de peces, Aquanaria difunde un comunicado en el que afirma que “valora” adelantar a 2026 el desmantelamiento de sus instalaciones.

El problema es que ese anuncio no encaja con la versión oficial conocida hasta ahora. El propio departamento autonómico había asegurado semanas atrás que existe un acuerdo cerrado con la empresa para retirar las granjas durante 2026, incluso con un cronograma pendiente de comunicar en la reunión prevista con el Ayuntamiento y colectivos ciudadanos. Si el acuerdo está firmado, ¿por qué la empresa habla ahora de una simple valoración? Y si no lo está, ¿por qué la Consejería aseguró lo contrario?

La contradicción no es menor. Sitúa a la administración en una posición incómoda y alimenta la sensación de que el calendario depende más de la presión social que de la planificación institucional. En otras palabras: cada avance ciudadano provoca un movimiento empresarial que parece diseñado para rebajar la tensión.

El comunicado empresarial añade otro elemento llamativo: atribuye su decisión a la calidad del agua. Sin embargo, evita referirse a un dato conocido desde hace meses: la elevada mortandad de peces denunciada por escrito por un trabajador de la propia instalación en 2025, vinculada a un agente bacteriano concreto. Ese silencio resulta significativo porque desplaza el foco desde la gestión interna hacia el entorno exterior, justo en el momento en que se reabre el debate público.

No es la primera vez que ocurre. Desde el inicio del conflicto, cada hito social —manifestaciones, informes o reuniones institucionales— ha ido acompañado de un anuncio empresarial que introduce un nuevo marco interpretativo. El efecto es evidente: confundir el relato y diluir responsabilidades.

Por eso la cuestión ya no es solo ambiental, sino también de credibilidad. O existe un acuerdo de retirada para 2026 o no existe. O el problema es la calidad del agua o es la gestión de la instalación. Mantener ambas versiones simultáneamente solo prolonga la incertidumbre.

Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando certezas. Y en un conflicto que dura años, lo que más erosiona la confianza no es la discrepancia, sino la sensación de que cada comunicado responde más al calendario social que al compromiso real con la solución.

Pedro Regalado.