Transparencia pendiente en el desmantelamiento de las jaulas marinas de Melenara

La pregunta sigue en el aire: ¿cuándo piensa la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias explicar con claridad el cronograma de retirada de las jaulas marinas de Salinetas?

El departamento que dirige Narvay Quintero asegura que en mayo de 2025 pactó con la empresa Aquanaria el desmantelamiento de unas instalaciones que hoy se encuentran fuera de ordenación, tal y como adelantó TELDEACTUALIDAD . Sin embargo, ese acuerdo permaneció en silencio durante meses y solo trascendió hace unas semanas. Desde entonces, la información pública continúa siendo prácticamente inexistente.

Este periódico lleva casi veinte días esperando una respuesta oficial tras solicitar por escrito —a través del área de Prensa— tres datos elementales: cuándo empiezan los trabajos, cuánto durarán y cuándo terminarán. No hablamos de informes técnicos complejos ni de documentos sujetos a confidencialidad industrial, sino de un calendario básico que debería ser público desde el primer momento.

La situación resulta aún más desconcertante porque el propio Gobierno de Canarias ha convocado reuniones con colectivos sociales y ecologistas para abordar el problema. Sin embargo, hasta la fecha, ese cronograma no ha sido presentado públicamente ni facilitado a ninguna de las partes interesadas. Si existe, permanece fuera del conocimiento ciudadano.

Diez meses han pasado desde el supuesto acuerdo con la empresa. Diez meses sin explicación pública. Y, mientras tanto, los vecinos siguen preguntándose si el desmantelamiento es una realidad planificada o una promesa abierta a interpretaciones.

Las dudas no son menores. La concesión de Tufia debía ir acompañada de la retirada progresiva de las jaulas de Salinetas. Ese era el marco. Sin embargo, el calendario se ha convertido en un laberinto de fechas: retirada prevista, prórroga posterior y horizonte final que nadie concreta con precisión. El propio portavoz vecinal ha hablado de un “galimatías”, una palabra dura pero difícil de rebatir cuando ni siquiera se conocen los plazos oficiales.

En un asunto ambiental sensible, la transparencia no es un complemento: es la base de la confianza pública. Si la administración dispone de un plan, debe hacerlo público sin necesidad de insistencias ni de esperar a reuniones sectoriales. Y si no lo tiene definido, debería decirlo abiertamente.

Porque al final la cuestión es sencilla: no es el calendario lo que genera polémica, sino su ausencia.