La justicia investiga al dueño de La Bella Época de Telde por vulnerar el precinto municipal

El conflicto en torno a la sala de bailes La Bella Época, ubicada en la calle El Roque de Los Llanos (Telde), ha dado un salto judicial decisivo. El Juzgado de Instrucción ha incoado diligencias penales contra Juan Francisco Naranjo el propietario del establecimiento por un presunto delito de quebrantamiento de precinto, después de que reabriera el local pese a la orden de cierre decretada por el Ayuntamiento en marzo pasado.

El oficio judicial, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que el empresario está siendo investigado por hechos que el Consistorio trasladó a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia, tal y como avanzó TELDEACTUALIDAD,  tras constatar que el local había vuelto a abrir sus puertas minutos después de que la Policía Local, en presencia de efectivos de la Policía Nacional, colocaran los carteles de clausura.

Vulneración del precinto y reapertura sin licencia
La investigación se sustenta en las actas levantadas por los agentes municipales, que certificaron que el dueño retiró los carteles y anunció incluso en redes sociales la reanudación de la actividad, pese a que la discoteca carece de licencia de actividad en vigor, presenta deficiencias graves de seguridad y acumula un largo expediente urbanístico con irregularidades no subsanadas.

A la denuncia presentada en marzo por el Ayuntamiento tras la vulneración del precinto municipal, se suma ahora un nuevo requerimiento de Tribunal de Instancia número 2 (sección Instrucción) de Telde, que reclama información adicional y actas policiales posteriores a las ya incorporadas al procedimiento.

El oficio, fechado el 29 de octubre de 2025, solicita al Ayuntamiento que remita “si existen más intervenciones por agentes municipales, con carácter posterior a las fechas 20.03.2025 y 04.04.2025”, así como la totalidad de las actas de registro de novedades de los días 21.03.2025, 28.03.2025, 30.03.2025 y 20.04.2025, todas ellas vinculadas a la discoteca La Bella Época. L

a petición se realiza en el marco de las diligencias previas  abiertas por una presunta desobediencia grave a la autoridad, dado que la sala ha seguiido abriendo al público los fines de semana y anunciando sus actividades.

La comunicación judicial señala como investigado al propietario del establecimiento y como denunciante al propio Ayuntamiento de Telde, mientras que la causa está bajo la dirección del Ministerio Fiscal.

El Ayuntamiento ordenó el precinto el 20 de marzo, tras advertir que el propietario pretendía reabrir el local aun habiéndose extinguido la licencia y estando vigente la resolución de cierre temporal dictada en agosto de 2024, medida ratificada meses después por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6, que desestimó la suspensión cautelar solicitada por el empresario.

Deficiencias estructurales y riesgos para los usuarios
Los informes técnicos municipales revelan modificaciones no autorizadas, fallos en ventilación, problemas de climatización, molestias a terceros y carencias relevantes en materia de seguridad. La sala operaba con una licencia antigua, concedida en los años 90 para un negocio distinto.

Según las fuentes consultadas, el Consistorio actuó “para evitar un riesgo real para los usuarios”, ante la posibilidad de que el local acogiera a cientos de personas sin las condiciones mínimas exigidas por la normativa vigente.

Actas diarias y seguimiento permanente
A raíz de la reapertura ilegal, Urbanismo ordenó a la Policía Local realizar actas diarias para documentar cualquier actividad y reforzar el expediente que ahora se tramita en sede penal. El Ayuntamiento sostiene que la actuación del propietario constituye un acto “de máxima gravedad” y recuerda que no se permitirá la apertura hasta que el negocio obtenga licencia y cumpla con todos los requisitos técnicos.

La vía penal sigue su curso
El proceso judicial continuará con la declaración del propietario y la práctica de las diligencias que el juzgado estime oportunas. De confirmarse la vulneración del precinto, el responsable podría enfrentarse a penas de multa o incluso de prisión, según el Código Penal.