El Seprona intensifica en el Ayuntamiento de Telde sus pesquisas sobre el abasto a núcleos ilegales

Dos agentes de paisano del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que lleva el peso de la investigación sobre la dotación de abastecimiento a varios núcleos de población asentados en terrenos parcelados ilegalmente durante la etapa de Héctor Suárez como concejal delegado de Aguas, se personaron esta mañana en el departamento de Aguas de las Oficinas Municipales de El Cubillo para recabar más información sobre este polémico expediente, según ha podido saber TELDEACTUALIDAD

Tal y como avanzó este periódico, las pesquisas en curso tratan de esclarecer las circunstancias y la legalidad de las conexiones y obras realizadas durante la gestión de Suárez como titular de esta delegación municipal que llevaron el abasto público a construcciones levantadas en reparcelaciones ilegales de Telde, objeto de diligencias por parte de un juzgado de la ciudad.

Los agentes del Seprona estuvieron alrededor de una hora en Aguas solicitando más datos y estrechando cada vez más el cerco de sus investigaciones al entorno del concejal díscolo de CC, hoy en la oposición tras ser expulsado del Gobierno local por supuestas prácticas nepotistas, y de algunos de sus asesores más directos en relación con el expediente de la declaración como emergencia pública del proyecto de acometida a la red pública de núcleos como Jerez y otros, un documento que está en poder de la Guardia Civil, después de que lo solicitara el pasado 7 de junio mediante un oficio que explicita la necesidad de estos datos "con el fin de ejercitar las funciones de averiguación del delito y la detención de los responsables". 

Este proyecto  de estas obras fueron declaradas de emergencia el 1 de julio de 2022 por la Junta de Gobierno Local, a instancias de Héctor Suárez como responsable de Aguas y Urbanismo, en una reunión presidida por él.. Suárrez propuso la declaración de emergencia de las obras, un procedimiento extraordinario que basa su argumento en dotaciones de seguridad, peligro o defensa nacional, la que se salta la contratación directa. Es decir, en vez de publicarse unos pliegos técnicos y dar la oportunidad a toda empresa a presentar sus ofertas, el procedimiento de emergencia facilita al concejal la potestad de adjudicar y proponer a dedo.

Adjudicación a dedo

Es el caso de esta obra, Héctor Suárez decidió que Construplan fuera la empresa adjudicataria por un importe de 690.000 euros, según aprobó la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el mentado 1 de julio de 2022, aunque luego la cantidad aumentó a 900.000 euros, sin consentimiento del Ayuntamiento y tras la reclamación judicial de los pagos por parte de la empresa se elevó a más de 1,3 millones de euros, casi el doble de la cantidad inicial. La Junta de Gobierno debió aprobar el aumento de las cuantías económicas pero no lo hizo, una cuestión que ha llamado la atención poderosamente de los investigadores.

Macroproceso judicial

Hasta ahora ha trascendido que el jefe de Servicio de Aguas, Javier Rodríguez, durante la ajdudicación y ejecución del proyecto, ha declarado en varias ocasiones ante el Seprona. Este funcionario fue apartado a mediados de julio pasado de esta responsabilidad por el actual Gobierno de Telde tras trascender las indagaciones de la Guardia Civil.

La investigación continúa en curso y no se descarta que en los próximos días se produzcan declaraciones del entorno del referido edil y avances en el esclarecimiento de los hechos relacionados con las dotaciones de agua a las construcciones ilegales en Telde, unas pesquisas enmarcadas en el macroproceso con 50 investigados puesto en marcha por un Juzgado de Instrucción número 1 de  Telde, que les atribuye a los presuntos implicados dos delitos, uno contra la ordenación del territorio y otro de falsedad documental.

Los encartados, todos en libertad, son propietarios o residentes en parcelas del núcleo de Cruz de Jerez, un populoso asentamiento entre Lomo Cementerio, Las Huesas y el barranco de Silva donde proliferan las construcciones sin permiso en reparcelaciones también ilegales en suelos no aptos para ese fin. La zona afectada sería la que linda con el barranco.

Ronda de declaraciones

El asunto está aún en fase de diligencias previas, pero ya se han iniciado las rondas de declaraciones, con hasta cinco tandas de citaciones entre el pasado mes de junio y el actual de septiembre. El  órgano jurisdiccional que lleva las riendas de esta macroinvestigación judicial ya tomó declaración a 10 de los 50 investigados el pasado 17 de junio. Las siguientes tandas están programadas para este mes septiembre.

Según fuentes consultadas, este procedimiento judicial es fruto de la llamada operación Domos, una investigación del Seprona de Gran Canaria que se inició a principios del año 2023 tras observar un incremento de construcciones en zonas donde está prohibido este tipo de uso.

En el marco de aquella indagación policial se presentó denuncia contra 136 personas de Telde, entre ellas, residentes en Cruz de Jerez, que han contribuido a crear núcleos poblacionales que no cuentan con los servicios mínimos necesarios y que, por lo tanto, dan lugar a una problemática en la gestión de los residuos y accesos, porque no contribuyen con el pago de los tributos urbanos para mantener estos servicios e incurren en un agravio comparativo con los propietarios de las viviendas que sí están legalmente establecidas.

El Seprona detectó que los principales promotores de estos núcleos adquirían fincas rústicas a un precio relativamente económico porque en ellas el uso está muy restringido y después las segregaban y parcelaban en terrenos perfectamente delimitados, que luego vendían a un precio mucho más elevado con la falsa creencia de los compradores de que las construcciones en esas parcelas quedarían legalizadas en el tiempo por prescripción.

Según el Seprona, los investigados se exponen a penas de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, así como a la demolición de la obra y a la reposición a su estado original, por lo que la cuantía de la sanción puede superar los 200.000 euros.