Un documento firmado por el entonces concejal de Aguas, Héctor Suárez, instó a la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento (Aguas de Telde Gestión Integral del Servicio SL) a enganchar a la red pública a poblacionales asentadas en suelo agrícola “sin perjuicio de las condiciones específicas que puedan concurrir en cada una de ellas derivadas de su particular situación urbanística y de ordenación”.
La medida, tomada sin el respaldo de informes técnicos o jurídicos, afectó a poblaciones como El Mayorazgo, Pedro PaSo, Hoya la Chanza, Cruz de Jerez, Montaña Las Huesas, Piedra Molino y Cuevas de Silva, entre otras.
La determinación de Suárez, plasmada en un documento interno de la Concejalía de Aguas al que ha tenido acceso TELDEACTUALIDAD y dirigida al gerente de la compañía, fue tomada el 15 de junio de 2022 por su cuenta y riesgo,se produjo como respuesta al anuncio de la empresa Fraindagua, dedicada a la captación y distribución de agua, de cesar definitivamente el suministro a medio centenar de clientes a partir del 30 de junio.
Esta orden del entonces titular del área municipal de Aguas obra en el expediente que está siendo objeto de investigación por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en el marco de la llamada Operación Domos por la reparcelación ilegal de terrenos agrícolas en diferentes puntos del municipio en los que se levantaron construcciones a las que, en tiempos de Héctor Suárez, la empresa Aguas de Telde dotó de acometida siguiendo las instrucciones del responsable política de la referida concejalía.
El corte de agua a estos usuarios de Fraindagua en 2022 llevó a la Concejalía de Aguas a tramitar por la vía de emergencia las obras para el enganche a la red municipal de pagos como Jerez, Mayorazgo o Lomo Espino. Finalmente se conectaron más de 500. Más usuarios de los que tenía la empresa privada que suministraba agua a estos lugares. Entre ellos, se conectaron a zonas que recientemente habían sido objeto de parcelación y construcción, cuyos propietarios tuvieron que desembolsar cuantías económicas por estudios y proyectos, lo que ha generado dudas sobre la legalidad de las acometidas realizadas.
La Junta de Gobierno dio el visto bueno al proyecto de emergencia, con la ausencia notoria de la que era alcaldesa en ese momento, Carmen Hernández, y de los concejales Juan Francisco Artiles y Lidia Mejias. En la sesión, actuó como secretaria, la edila Celeste López, hoy portavoz del grupo municipal de NC, en la oposición.
La obra aprobada inicialmente por 691.570 euros acabó generando por la empresa adjudicataria facturas que superaron los 900.000 euro. Cuantía que nunca fue modificada en una nueva Junta de Gobierno. Hecho por elo que Intervención Municipal rechazó el pago en un oficio de fecha 8 de junio de 2023 y la compañía tuvo que recurrir a los tribunales de Justicia para recamar el pago de los trabajos acometidos.
Pero 13 días antes de iniciarse el expediente de la declaración de emergencia, Héctor Suárez, sin haberse realizado las obras de canalización, firmó un documento, trasladado a la gerencia de Aguas de Telde, que instaba a la conexión del suministro insistiendo en que “se proceda a tramitar las solicitudes de suministro que se formulen” en referencia a los núcleos poblacionales como El Mayorazgo, Caracol, Pedro Paso, Hoya la Chanza, Jerez, Cruz de Jerez, Montaña las Huesas, Las Huesas, Piedra Molino, Cuevas de Silva, entre otros. Con este documento, la empresa mixta se respaldó para conectar a más de 500 usuarios, más de los afectados por el corte de Fraindagua.
Las investigaciones policiales en curso por el Seprona se centran, entre otras cuestiones, en la propia declaración de emergencia de las obras de dotación de suministro de agua en suelos rústicos y protegidos, ya que tal y como dispone el artículo 120 de la LCSP 2017, su carácter es excepcional y se limita a cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se acudirá a este régimen excepcional.
Estas acciones que se adoptan por la declaración de emergencia deben ser medidas correctoras para evitar el peligro y no obras integrales. Sin embargo, el área de Aguas optó por este mecanismo, incluso sin aprobar la Junta de Gobierno el incremento considerable de las cuantías económicas, que pasó de 690.000 euros a más de 900.000 euros.
La declaración de emergencia debe estar claramente justificada, ya que se obvia todo el procedimiento ordinario de la contratación pública. En este caso, el concejal de Aguas, Héctor Suárez decidió a la empresa que se adjudicaba los trabajos del nuevo suministro, que finalmente superó los 900.000 euros.
Con el fin de evitar la acción fraudulenta del trámite, las obras de emergencia deben comenzar en un periodo inferior al mes de la declaración por parte de la Junta de Gobierno. Sin embargo, en este caso, la declaración fue el 1 de julio de 2022 y en agosto aún no se había tramitado siquiera el permiso a los titulares de las vías, muchas de ellas privadas, del Consejo Insular de Aguas o del Cabildo.
Todos estos hechos están siendo investigados por parte de la Guardia Civil, que ya ha llamado a declarar a implicados en el desarrollo del expediente, entre ellos al funcionario responsable de la jefatura de Servicio de Aguas, Javier Rodríguez, tal y como adelantó este periódico, para clarificar su participación en la tramitación y ejecución de las conexiones irregulares.
Antonio. | Jueves, 18 de Julio de 2024 a las 12:32:45 horas
Y luego dicen que este gobierno solo hace fiestas. Telita con el anterior, Que derriben todas las casas ilegales que hay por Cruz de jerez que están tardando
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