Avance: El Pleno reconoce facturas de casi 500.000 euros a proveedores que han realizado servicios básicos al municipio

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Telde.- El Ayuntamiento de Telde aprobó este viernes un reconocimiento extrajudicial de crédito de casi medio millón de euros por servicios básicos y esenciales que han prestado varios proveedores a la Institución municipal durante el último año. El PP se abstuvo en 12 de los 13 expedientes económicos que fueron a la sesión corporativa extraordinaria y urgente  y se posicionó en contra de uno de ellos.

La aprobación de estos expedientes económicos permitirá el abono de un montante de 455.402,43 euros a pequeñas y medianas empresas cuya supervivencia, en algunos casos, depende de que se les abone estas facturas pendientes. La mayoría  de ellas orresponde al año en curso, aunque una es mucho más antigua y data de diciembre de 2012,, es decir, un gasto adquirido durante el mandato del equipo de Gobierno anterior de PP, CC y Ciuca, pero aún así el PP se abstuvo alegando que Intervención ponía reparos a estos pagos. Una postura que desde el Ejecutivo se aclaró que todos los expedientes constaban de informes favorables y que por parte de la Asesoría Jurídica se desvinculaba del reparo de Intervención y proponía su tramitación mediante el procedimiento llevado a Pleno de reconocimiento extrajudicial de créditos, como así se hizo.

Tanto la alcaldesa Carmen Hernández como la concejala de Economía y Hacienda, Celeste López, insistieron durante el debate de estos expedientes que el Gobierno de Telde continúa en su labor de normalizar y regularizar el sistema contable y la gestión económica del municipio adaptando la Intervención y la Tesorería local a la normativa vigente.

Se enfatizó asimismo por la primera regidora que estos reconocimientos extrajudiciales de deuda evitarán igualmente reclamaciones judiciales de los adeudados que no solo dilatarán el pago, con el consiguiente perjuicio para los mismos, sino que supondrían un mayor gasto para las arcas municipales debido a los intereses acumulados. Además, se trata de prestaciones realizadas sobre servicios esenciales –tramitadas incorrectamente o que directamente no disponen de cobertura contractual- entre los que están incluidos asuntos de tanta relevancia como la limpieza de centros escolares, encomienda de Gestel o el transporte de personas con discapacidad.

En concreto, el Ayuntamiento procedió este viernes a regularizar facturas de la limpieza de los colegios públicos de Telde de los meses de enero a octubre de 2015 (911.544 euros); los gastos de la Comunidad de Propietarios del Edificio Parque San Juan por las cuotas de enero a diciembre de 2015 (15.230,46 euros); la limpieza y mantenimiento de las instalaciones deportivas de enero a noviembre de 2015 (389.446,2) y diciembre de 2012 (21.444,04 euros); la limpieza del Centro de Día de Mayores de enero a mayo de 2015 (30.560 euros); la encomienda de gestión de actividades culturales a Gestel en diciembre de 2014 (38.239,21 euros); las pólizas de seguro de responsabilidad civil y accidente del Codat de 2015 (6.814,54 euros); y el servicio de transporte del Centro de Día de Taliarte (15.672,98 euros).

Por otro lado, el Gobierno de Telde aprobó este viernes cuatro expedientes de modificación de crédito, uno de ellos para cubrir los intereses de demora de dos facturas por sentencias judiciales, por un importe de 14.061 euros. Los tres restantes dan cobertura presupuestaria al pago de las obras realizadas en varios centros escolares: los trabajos en el CEIP Príncipe de Asturias en noviembre de 2014 por valor de 36.981,70 euros y en marzo de 2015 por 19.086 euros, y las obras de reparación en distintos centros en febrero de 2015 (62.103 euros).

Debate

La abstención del PP en la mayoría de los expedientes de modificación de créditos o de reconocimiento judicial de fácturas, pese a que la práctica totalidad correspondía a  asuntos de su etapa como grupo político dirigente del mandato anterior (2011-2015), hizo que los dos ediles populares (faltó a la cita Mari Carmen Castellano) tuvieran que soportar  duras críticas  desde el Gobierno.  Así, la alcaldesa no ocultó su "asombro" ante la posición de los concejales Sonsoles Martín y José Suárez que, dijo, tenía una "difícil explicación".

La alusión a Ciuca (Unidos por Gran Canaria)  en el reproche de la primera mandataria por la abstención compartida con el PP hizo saltar de su asiento a Guillermo Reyes, que dejó claro en un tono suave  que la posición de su grupo no significaba en modo alguno que estuviera en contra de la tramitación de los expedientes. "Son asuntos que corresponden aprobar al Gobierno", dijo, al tiempo que aclaraba que los ediles se podían ir "tranquilos" del Pleno porque hasta el momento de su intervención nadie había votado en contra de los expedientes de reconocimiento de deuda, lo que cerraba la vía a posibles recursos contencioso-administrativos.

Sin embargo, el PP, que había anunciado por boca de José Suárez que la abstención sería su posición en todos estos asuntos, cambió de orientación y en el último expediente del orden del día la edila Sonsoles Martín anunció el votó en contra de su formación, un giro repentino que el Ejecutivo cuatripartito entiende que obedece a que el Partido Popular no quiere cerrar del todo la puerta a la posibilidad de plantear un recurso.

Se da la circunstancia de que el único expediente al que el PP se opuso es un reconocimiento extrajudicial de una factura de 30.560 euros por el concepto de limpieza del Centro de Mayores de enero a mayo de 2015,  periodo en que la responsable del área era precisamente Martín.

Desde Más por Telde se reprochó al PP que alegara el reparo de Intervención de Fondos para abstenerse o votar en contra de estos expedientes.  El vicealcalde Juan Francisco Artiles, portavoz del partido que comparte Gobierno con NC, PSOE y CCD, recordó que en 2012 estando el PP al frente de la Alcaldía el entonces interventor Enrique Orts informó negativamente el uso de dinero del crédito ICO de 2012 para pagar sentencias judiciales y desde el Ejecutivo que presidía Mari Carmen Castellano se recurrió a un dictamen el entonces jefe de Servicio de Urbanismo, José Luis Mena, para justificar el abono que luego se haría a la empresa de Ambrosio Jiménez por la devolución de unos terrenos de La Mareta en cumplimiento de una sentencia judicial.