El desastre ambiental del litoral de Telde entra en una nueva fase con la apertura de la vía judicial

La crisis ecológica que sacudió el litoral de Telde en octubre de 2025 ha dado un paso decisivo hacia los tribunales. La empresa de acuicultura Aquanaria SL ha judicializado el caso mediante una denuncia presentada hace aproximadamente dos semanas, una iniciativa que ha llevado a la Fiscalía de Medio Ambiente a archivar sus diligencias internas y remitir toda la investigación a los Juzgados de Instrucción de Telde, donde se tratará de esclarecer el origen de uno de los mayores episodios de contaminación registrados en la costa grancanaria.

La investigación sobre la mortandad masiva de miles de lubinas registrada el pasado mes de octubre en las jaulas marinas de Aquanaria, frente a la costa de Telde, entra de lleno en la vía judicial.. La denuncia presentada por la empresa ha motivado que la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Las Palmas archive las diligencias de investigación que venía desarrollando desde que trascendió la elevada mortanda de peces en los viveros de Salinetas y traslade todo el expediente a los Juzgados de Instrucción de Telde para la continuación del procedimiento penal.

El Ministerio Público había abierto una investigación tras detectar "numerosas irregularidades" en la gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Silva, ordenando incluso la elaboración de un informe pericial al Instituto de Ciencias Forenses para determinar si los vertidos realizados a través del emisario submarino pudieron constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Esa pericial continúa en elaboración y será incorporada a la causa judicial tan pronto concluya.

La empresa sostiene desde el primer momento que el origen del problema estuvo en un vertido procedente de la depuradora de Silva, una tesis que ahora será objeto de investigación judicial.

Pérdidas superiores a 15 millones

Aquanaria justifica su decisión de acudir a los tribunales por el enorme perjuicio sufrido como consecuencia del incidente.

La compañía cifra en más de 15 millones de euros las pérdidas directas derivadas de la muerte de aproximadamente el 40 % de su producción de lubinas comerciales en las granjas marinas de Melenara y Salinetas.

A ello añade el elevado coste de la retirada de los residuos biológicos, el transporte, las tareas de limpieza y el importante daño reputacional ocasionado por el suceso.

Según ha venido manifestando la empresa durante los últimos meses, la situación ha llegado a tal punto que estudia adelantar a este mismo año el desmantelamiento de sus jaulas marinas en Telde, inicialmente previsto entre 2027 y 2029, al considerar que mantener la actividad supone un riesgo inasumible.Sin embargo, esta decisión que inclusó llegó a anunciar el Gobierno de Canarias aún no se ha materializado.

El cierre de 17 playas

La grave crisis ambiental comenzó en octubre de 2025, cuando la aparición de miles de peces muertos y restos biológicos obligó a cerrar de forma preventiva 17 playas del sureste de Gran Canaria, desde Telde hasta Mogán, debido al grave episodio de contaminación registrado en el litoral.

A raíz de aquellos hechos, la Fiscalía inició una investigación propia mientras se practicaban numerosas diligencias técnicas para tratar de determinar el origen de los vertidos.

El Ayuntamiento celebra que el procedimiento para esclarecer la mortandad de peces siga avanzando

Tras conocerse la remisión del caso a los tribunales, el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) ha mostrado su satisfacción por que, tras meses investigaciones por parte de administraciones y organismos competentes, continúe el procedimiento para esclarecer por los cauces legales la causa de la mortandad masiva de peces que sufrió una granja de acuicultura en octubre de 2025.

Así lo ha manifestado el Consistorio en un comunicado avanzado por TELDEACTUALIDAD después de que la Fiscalía de Medio Ambiente haya entregado a los Juzgados de Telde (Gran Canaria) las investigaciones que había iniciado para comprobar si "las numerosas irregularidades" detectadas en la gestión de la depuradora de aguas residuales (EDAR) de Silva se relacionan con estos hechos.

Al respecto, la institución municipal considera "positivo que la investigación permita determinar con el máximo rigor el origen y alcance de los hechos relacionados con la llegada de restos procedentes de la mortandad masiva de peces en las jaulas de acuicultura que afectó a la costa de Telde, ocasionó el cierre temporal de playas y generó una lógica preocupación entre la ciudadanía".

Por ello, el Ayuntamiento de Telde ha reiterado su compromiso de "colaboración absoluta con la Administración de Justicia y con todas las administraciones competentes", y ha puesto a disposición de la investigación cuantos documentos, informes, antecedentes, datos o cualquier otro elemento de interés obren en poder de la institución municipal y puedan contribuir al completo esclarecimiento de los hechos.

Además, la corporación asegura que "mantendrá la misma firmeza con la que ha venido actuando desde el primer momento para defender el interés general, la protección del litoral y los intereses de la ciudadanía de Telde, colaborando activamente con la investigación y promoviendo que, una vez concluidas las diligencias, se depuren todas las responsabilidades que, en su caso, pudieran corresponder a quienes resulten responsables".

El Ayuntamiento teldense recalca, en cualquier caso, que la comunicación emitida por la Fiscalía "no formula pronunciamiento alguno" contra esta institución "ni atribuye responsabilidad alguna a esta administración, limitándose a informar de la remisión de las diligencias al órgano judicial competente para la continuación de la investigación".

Por eso, ha insistido en que hay que "respetar el desarrollo del procedimiento judicial y evitar conclusiones anticipadas mientras se practican las diligencias necesarias para determinar la existencia, naturaleza y alcance de las posibles irregularidades que son objeto de investigación". 

No obstante, el procedimiento judicial se desarrollará en un contexto marcado por las diferencias mantenidas durante los últimos meses entre la empresa acuícola y distintas administraciones respecto al origen del desastre ambiental.