El exalcalde de Telde y actual concejal no adscrito, Héctor Suárez, defendió este jueves ante la jueza instructora la legalidad y necesidad de las obras de emergencia ejecutadas en 2022 para llevar agua de abasto a núcleos asentados en parcelaciones ilegales del municipio.
En su comparecencia, celebrada en la Plaza número 2 del Tribunal de Instancia (Sección Instrucción) de Telde, sostuvo que el proyecto respondió a la necesidad de dotar de suministro a estas poblaciones, manteniendo así el mismo discurso que ha venido defendiendo desde que trascendió públicamente la investigación impulsada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que le atribuye presuntamente cuatro delitos.
La declaración de Suárez abrió la jornada judicial de este jueves, en la que también estaban llamados a comparecer otros tres investigados dentro de las diligencias previas abiertas para esclarecer la adjudicación y ejecución de estas actuaciones hidráulicas. La comparecencia del edil se prolongó durante aproximadamente una hora y media, según precisaron a TELDEACTUALIDAD fuentes jurídicas.
Durante su declaración, Suárez únicamente respondió a las preguntas formuladas por la jueza instructora y por su abogado defensor, el reconocido letrado José María Guerra. El edil se negó, sin embargo, a contestar a las cuestiones planteadas por el resto de las partes personadas en el procedimiento, entre ellas los representantes legales de los denunciantes, la asociación ecologista Asociación Amigos del Medio Ambiente —que figura como denunciante— y una persona perjudicada.
Una semana clave para la instrucción
El procedimiento judicial abierto en torno a estas obras afrontaba esta semana una fase relevante con nuevas comparecencias de testigos, técnicos e investigados vinculados al expediente administrativo y a la ejecución material de los trabajos desarrollados en el verano de 2022.
Durante las jornadas previas comparecieron empleados municipales, técnicos relacionados con la tramitación administrativa y personas vinculadas al desarrollo del expediente. También fue citado un asesor considerado en su día hombre de confianza de Suárez, dentro de una instrucción que trata de determinar el grado de responsabilidad de responsables políticos, funcionarios y terceros intervinientes.
Las obras de emergencia, bajo la lupa judicial
La causa se centra en las obras declaradas de emergencia el 1 de julio de 2022 por Héctor Suárez cuando ocupaba las delegaciones de Aguas y Urbanismo. Aquella declaración permitió tramitar la actuación por la vía de emergencia, eludiendo el procedimiento ordinario de contratación pública y adjudicando directamente los trabajos a la empresa Construplan por un importe inicial de 690.000 euros.
No obstante, según la documentación incorporada a la investigación, el coste de la actuación terminó superando posteriormente los 1,3 millones de euros tras ampliaciones y reclamaciones económicas posteriores, sin que conste formalmente la aprobación de esos incrementos por parte de la Junta de Gobierno Local.
La investigación también pone el foco en el hecho de que parte de las obras se ejecutaran en suelo rústico y protegido, atravesando fincas privadas y terrenos titularidad del Cabildo de Gran Canaria, supuestamente sin contar con las autorizaciones preceptivas.
El juzgado pidió aclaraciones al Ayuntamiento
Tal y como avanzó TELDEACTUALIDAD, el juzgado instructor requirió al Ayuntamiento de Telde diversa documentación e informes aclaratorios sobre el encaje legal de este tipo de actuaciones de emergencia, la competencia municipal para intervenir en redes de agua agrícola y de abastecimiento, así como sobre la compatibilidad urbanística de unas obras ejecutadas en ámbitos especialmente sensibles desde el punto de vista territorial.
El origen de las diligencias se encuentra en una investigación elaborada por el Seprona de la Guardia Civil, cuyo informe cuestiona la legalidad del procedimiento impulsado desde el área municipal de Aguas y Urbanismo siendo su responsable Héctor Suárez y atribuye presuntos delitos relacionados con la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y prevaricación urbanística.
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