El exalcalde de Telde y actual concejal no adscrito, Héctor Suárez, defendió este jueves ante la jueza instructora la legalidad y necesidad de las obras de emergencia ejecutadas en 2022 para llevar agua de abasto a núcleos asentados en parcelaciones ilegales del municipio.
En su comparecencia, celebrada en la Plaza número 2 del Tribunal de Instancia (Sección Instrucción) de Telde, sostuvo que el proyecto respondió a la necesidad de dotar de suministro a estas poblaciones, manteniendo así el mismo discurso que ha venido defendiendo desde que trascendió públicamente la investigación impulsada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que le atribuye presuntamente cuatro delitos.
La declaración judicial del exalcalde de Telde y actual concejal no adscrito, Héctor Suárez, dejó este jueves nuevos interrogantes sobre las obras de emergencia ejecutadas en 2022 para abastecer de agua a núcleos asentados en parcelaciones ilegales del municipio. Aunque Suárez defendió ante la magistrada Cristina Sbert Pinilla que actuó con carácter urgente y respaldado jurídicamente, la instrucción puso el foco en varios aspectos especialmente sensibles del expediente, entre ellos la autorización de enganches de agua a viviendas sin cédula de habitabilidad.
La comparecencia del edil, que se prolongó durante aproximadamente una hora y media, abrió una jornada clave en las diligencias previas abiertas para esclarecer la adjudicación y ejecución de unas obras impulsadas desde las áreas de Aguas y Urbanismo cuando Suárez lideraba estas delegaciones como miembro del grupo de gobierno municipal.
La defensa: urgencia y supuesto respaldo jurídico
Según fuentes de las partes presentes en la comparecencia, Suárez sostuvo ante la jueza que actuó ante una situación de urgencia para garantizar el abastecimiento de agua a vecinos afectados por la retirada del servicio prestado por Fraindagua, argumentando además que su actuación contó con respaldo jurídico.El exalcalde apoyó parte de su defensa en un informe emitido por la jurista municipal Desirée Alemán (también denunciada), al que se remitió para justificar la actuación administrativa llevada a cabo en aquel momento.
Sin embargo, uno de los puntos más relevantes de la declaración surgió precisamente a raíz de las aclaraciones realizadas por la propia técnica municipal, quien habría precisado que el informe emitido por ella no era el preceptivo para un expediente relacionado con el área de Aguas. Según las mismas fuentes, la funcionaria explicó además que dicho documento no entraba a valorar la legalidad de autorizar conexiones de agua a viviendas sin documentación habilitante, ya que esa competencia correspondía exclusivamente al departamento de Aguas.
El oficio que centra las dudas de la instrucción
Uno de los elementos más delicados que analiza ahora el juzgado es un oficio firmado presuntamente por Héctor Suárez mediante el cual se ordenó al área de Aguas autorizar el suministro a todas las viviendas afectadas por la retirada del servicio de Fraindagua, incluso aunque no dispusieran de cédula de habitabilidad.
Ese documento habría servido posteriormente de respaldo administrativo para justificar los enganches de agua realizados, pese a que la normativa vigente exige acreditar la legalidad de la vivienda y determinada documentación urbanística antes de autorizar el acceso al suministro.
Precisamente este extremo se ha convertido en uno de los principales puntos de interés de la investigación judicial, al tratarse de actuaciones vinculadas a edificaciones situadas en ámbitos de parcelaciones irregulares y, en algunos casos, sobre suelo rústico protegido.
La jueza no descarta nuevas citaciones
Fuentes próximas a la causa apuntan a que la magistrada Cristina Sbert Pinilla dejó entrever durante la jornada la posibilidad de ampliar la instrucción con nuevas declaraciones.
Entre ellas podría figurar la comparecencia del representante legal de la empresa Construplan, adjudicataria de unas obras tramitadas por la vía de emergencia y cuyo coste inicial de 690.000 euros terminó superando posteriormente los 1,3 millones de euros.
Las dudas sobre la concurrencia real de la emergencia, la ausencia de informes considerados preceptivos y la ejecución de trabajos en suelo rústico protegido continúan situando el foco judicial sobre un expediente que sigue acumulando interrogantes.
La declaración de Suárez abrió la jornada judicial de este jueves, en la que también estaban llamados a comparecer otros tres investigados dentro de las diligencias previas abiertas para esclarecer la adjudicación y ejecución de estas actuaciones hidráulicas. La comparecencia del edil se prolongó durante aproximadamente una hora y media, según precisaron a TELDEACTUALIDAD fuentes jurídicas.
Durante su declaración, Suárez únicamente respondió a las preguntas formuladas por la jueza instructora y por su abogado defensor, el reconocido letrado José María Guerra. El edil se negó, sin embargo, a contestar a las cuestiones planteadas por el resto de las partes personadas en el procedimiento, entre ellas los representantes legales de los denunciantes, la asociación ecologista Asociación Amigos del Medio Ambiente —que figura como denunciante— y una persona perjudicada.
Una semana clave para la instrucción
El procedimiento judicial abierto en torno a estas obras afrontaba esta semana una fase relevante con nuevas comparecencias de testigos, técnicos e investigados vinculados al expediente administrativo y a la ejecución material de los trabajos desarrollados en el verano de 2022.
Durante las jornadas previas comparecieron empleados municipales, técnicos relacionados con la tramitación administrativa y personas vinculadas al desarrollo del expediente. También fue citado un asesor considerado en su día hombre de confianza de Suárez, dentro de una instrucción que trata de determinar el grado de responsabilidad de responsables políticos, funcionarios y terceros intervinientes.
Las obras de emergencia, bajo la lupa judicial
La causa se centra en las obras declaradas de emergencia el 1 de julio de 2022 por Héctor Suárez cuando ocupaba las delegaciones de Aguas y Urbanismo. Aquella declaración permitió tramitar la actuación por la vía de emergencia, eludiendo el procedimiento ordinario de contratación pública y adjudicando directamente los trabajos a la empresa Construplan por un importe inicial de 690.000 euros.
No obstante, según la documentación incorporada a la investigación, el coste de la actuación terminó superando posteriormente los 1,3 millones de euros tras ampliaciones y reclamaciones económicas posteriores, sin que conste formalmente la aprobación de esos incrementos por parte de la Junta de Gobierno Local.
La investigación también pone el foco en el hecho de que parte de las obras se ejecutaran en suelo rústico y protegido, atravesando fincas privadas y terrenos titularidad del Cabildo de Gran Canaria, supuestamente sin contar con las autorizaciones preceptivas.
El juzgado pidió aclaraciones al Ayuntamiento
Tal y como avanzó TELDEACTUALIDAD, el juzgado instructor requirió al Ayuntamiento de Telde diversa documentación e informes aclaratorios sobre el encaje legal de este tipo de actuaciones de emergencia, la competencia municipal para intervenir en redes de agua agrícola y de abastecimiento, así como sobre la compatibilidad urbanística de unas obras ejecutadas en ámbitos especialmente sensibles desde el punto de vista territorial.
El origen de las diligencias se encuentra en una investigación elaborada por el Seprona de la Guardia Civil, cuyo informe cuestiona la legalidad del procedimiento impulsado desde el área municipal de Aguas y Urbanismo siendo su responsable Héctor Suárez y atribuye presuntos delitos relacionados con la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y prevaricación urbanística.
Cachoqueso | Viernes, 22 de Mayo de 2026 a las 10:36:33 horas
¡Ánimo Héctor!... Tienes que mejorar la cara de Clavijo de no romper un plato, pero lo conseguirás....Eres casi-inocente...
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