El Gobierno canario confirma el desmantelamiento de las jaulas marinas de Telde a lo largo de 2026

El Gobierno de Canarias ha ratificado que las jaulas marinas ubicadas frente a la costa de Telde serán desmanteladas de forma anticipada a lo largo de este año, casi tres años antes de que finalice la concesión estatal, al tiempo que asegura que en la actualidad no existe contaminación que justifique el cierre de las playas del municipio.

El Gobierno de Canarias ha constatado, tras las actuaciones de control desarrolladas por distintas consejerías, que no existe en estos momentos contaminación en la costa de Telde que obligue al cierre de las playas, según los informes técnicos disponibles. Esta conclusión se produce en paralelo a la confirmación oficial de que las instalaciones acuícolas de la zona serán desmanteladas durante 2026, en virtud de un acuerdo alcanzado con la empresa concesionaria.

Desde la Dirección General de Pesca se ha informado de que la inspección realizada el jueves 5 de febrero corroboró el correcto funcionamiento de las jaulas marinas, que operan sin incidencias desde la primera semana de noviembre, una vez finalizado el episodio de alta mortandad de peces registrado en otoño. Dicho episodio se dio por cerrado tras comprobarse la correcta ejecución de los trabajos de limpieza y retirada de ejemplares afectados.

En este contexto, los responsables autonómicos de Política Territorial, Agricultura, Sanidad y Transición Ecológica mantuvieron esta semana una reunión de seguimiento interdepartamental para evaluar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos, a la espera de que la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas determine con certeza el origen de la mortandad registrada. En dicho encuentro se aclaró que la ubicación actual de las jaulas responde a una concesión de 30 años otorgada en 1999 por el Gobierno de España, pero que el Plan de Ordenación de la Acuicultura de Canarias, aprobado en 2018, declara la zona no apta para futuras concesiones.

Como consecuencia de ese cambio normativo, el Ejecutivo autonómico acordó con la empresa en mayo de 2025 el desmantelamiento anticipado de la infraestructura durante 2026, adelantando de forma significativa el fin de la actividad respecto al plazo inicialmente concedido. Esta decisión se enmarca en la reordenación del sector acuícola y en la protección del litoral.

El informe de seguimiento recoge un amplio cronograma de inspecciones realizadas desde finales de septiembre. Tras la comunicación del incidente por parte de la empresa el 9 de octubre, se llevaron a cabo varias inspecciones con toma de muestras que desembocaron en la declaración de emergencia sanitaria el 3 de noviembre. Posteriormente, los controles de los días 5 y 6 de noviembre confirmaron la ausencia de mortalidad significativa tras las labores de limpieza, situación que se ha mantenido en las inspecciones de diciembre y enero, con un comportamiento de los peces dentro de parámetros normales.

Desde la Consejería de Transición Ecológica se recuerda que sus competencias en el ámbito marino se limitan a la autorización y control de los emisarios tierra-mar, habiéndose comunicado a los organismos competentes todas las desviaciones detectadas respecto a la autorización vigente. Estas actuaciones han dado lugar a la apertura de un procedimiento sancionador por posibles incumplimientos, si bien no se ha podido establecer una relación directa entre estas incidencias y el cierre preventivo de playas decretado durante el episodio de contaminación.

En materia de emergencias, el Gobierno activó el PLATECA el 6 de noviembre en situación de alerta por contaminación marina, con potencial afectación a varios municipios del sureste de Gran Canaria. Esta situación fue modulándose progresivamente hasta su completa desactivación el 19 de diciembre, tras el seguimiento continuado con medios aéreos y terrestres y la coordinación de las distintas administraciones implicadas.

Paralelamente, la Dirección General de Salud Pública llevó a cabo muestreos ordinarios y extraordinarios en las zonas de baño afectadas, analizando los parámetros microbiológicos obligatorios. Los resultados obtenidos se sitúan dentro de los valores establecidos por la normativa vigente, sin evidenciar incumplimientos desde el punto de vista sanitario, aunque se mantendrá la vigilancia siempre que se detecten indicios de contaminación.

El Gobierno de Canarias subraya que cualquier investigación sobre el origen de los hechos y la depuración de responsabilidades continúa en el marco de los procedimientos abiertos por el SEPRONA y la Fiscalía de Medio Ambiente, mientras avanza el proceso que culminará este año con el desmantelamiento definitivo de las jaulas marinas frente a la costa de Telde.