
El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Telde tomará declaración este lunes dentro de las diligencias abiertas por un posible delito de desobediencia relacionado con la sala de baile La Bella Época. Las comparecencias guardan relación directa con los hechos ocurridos el 20 de marzo de 2025, cuando el Ayuntamiento procedió al precinto del establecimiento tras la revocación de su licencia de actividad.
Aquel día, técnicos municipales, acompañados por Policía Local y Policía Nacional, clausuraron el local ubicado en la calle El Roque nº 139 después de que el negocio anunciara su reapertura pese a la prohibición administrativa.
Reapertura tras el cierre
Según la información recabada entonces, el propietario abrió igualmente el establecimiento y los carteles de precinto fueron retirados una vez abandonaron el lugar los agentes, lo que motivó la apertura de diligencias policiales y la posterior denuncia ante el juzgado por un presunto desacato a la autoridad.
El expediente municipal señalaba que el local no había corregido deficiencias técnicas y de seguridad detectadas previamente, entre ellas modificaciones estructurales no comunicadas, problemas de ventilación y molestias a terceros. La licencia, concedida a finales de los años noventa a otro negocio, había sido extinguida tras varias resoluciones administrativas.
Ratificación judicial previa
El Ayuntamiento había suspendido la actividad en agosto de 2024, medida ratificada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas en octubre de ese mismo año, y en febrero de 2025 se confirmó la extinción definitiva de la licencia.
Pese a ello, la reapertura anunciada en marzo provocó la intervención municipal y el inicio de la vía penal que ahora entra en fase de declaraciones.
Declaraciones fijadas
El juzgado ha citado para este lunes:
9.30 horas: representante legal del Ayuntamiento de Telde.
10.00 horas: testigo clave vinculado a los hechos.
10.30 horas: el responsable del establecimiento, Juan Francisco Naranjo López,en calidad de investigado.
Con estas diligencias la magistrada pretende determinar si la actuación posterior al precinto municipal constituye delito y qué responsabilidades pueden derivarse.







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