Turcón exige también dimisiones por la contaminación marina de Salinetas

El colectivo ecologista Turcón-Ecologistas en Acción ha dado un paso adelante en el conflicto ambiental que afecta desde hace meses al litoral este de Gran Canaria. En un documento remitido al presidente del Gobierno de Canarias, la organización se suma a otras plataformas ciudadanas y respaldan la petición de cese del consejero regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, y del director general de Pesca, Esteban Cipriano Reyes, a quienes responsabilizan de una “omisión grave y continuada” en el control de las actividades acuícolas en la bahía de Salinetas.

Una crisis ambiental sin precedentes

Turcón recuerda que las playas de Melenara, Salinetas y Clavellinas permanecieron cerradas durante más de dos meses por episodios reiterados de contaminación orgánica procedente de las granjas marinas instaladas en la zona. El cierre simultáneo afectó a seis municipios y doce playas, convirtiéndose en el mayor episodio de contaminación conocido en la costa oriental de Gran Canaria.

Los ecologistas aseguran que este fenómeno no es nuevo, sino recurrente cada año en los meses de calma marítima, cuando se acumulan en la orilla restos de materia orgánica en descomposición, excrementos, piensos y una capa de grasa flotante.

Sin vigilancia ni inspecciones pese a la gravedad

Turcón denuncia que, pese a la magnitud del problema y a los riesgos ambientales, sanitarios y económicos, no consta ninguna actuación de vigilancia, inspección o investigación por parte de la Dirección General de Pesca, a pesar de ser la autoridad competente según el Decreto 212/2024.

El artículo 14 del mencionado decreto establece que corresponde a dicho departamento ejercer las potestades de inspección y vigilancia en materia acuícola y pesquera. Sin embargo, el colectivo afirma que “la presencia institucional ha sido inexistente, ni siquiera testimonial”, incluso a pesar de las quejas vecinales acumuladas durante más de veinte años.

Una instalación ilegal a 355 metros de la costa

Turcón subraya que la explotación acuícola conocida como “Melenara 2” se sitúa a solo 355 metros de la costa, en un área que el PROAC cataloga como prohibida para la acuicultura. Lejos de ordenar su retirada, critican que se hayan autorizado nuevas instalaciones, aumentando la presión contaminante sobre la bahía.

Además, la ciudadanía ha solicitado reiteradamente informes, datos de inspecciones y documentación administrativa, sin obtener respuesta de ninguna institución. Para Turcón, este silencio vulnera las obligaciones de transparencia y abre la puerta a posibles irregularidades en la supervisión de las concesiones.

Posibles delitos ambientales

El colectivo advierte de que la reiteración de episodios contaminantes, la ausencia de inspecciones y la no activación de protocolos podrían encajar en los delitos contra el medio ambiente tipificados en los artículos 325 a 331 del Código Penal, relativos a la contaminación grave, la gestión negligente de instalaciones y la afectación a espacios naturales.

Además, apuntan a posibles infracciones administrativas, responsabilidad patrimonial y omisión de deberes de vigilancia por parte del Gobierno regional.

Una “tomadura de pelo” institucional

Turcón critica que, tras meses sin actuar, responsables del Gobierno de Canarias visitaran las playas en enero “cuando el episodio ya había concluido”, limitándose a comunicar públicamente que la situación estaba normalizada. Para la organización, este gesto constituye “una falta de respeto y un desprecio al decoro institucional”.

Petición de ceses inmediatos

El escrito concluye solicitando formalmente la destitución del consejero Narvay Quintero y del director general Esteban Cipriano Reyes, a quienes acusan de permitir que en la bahía de Salinetas se produzcan episodios continuados que podrían constituir infracciones graves o incluso delitos ambientales.

Turcón reclama la depuración de responsabilidades políticas y administrativas, la activación de protocolos preventivos y la adopción de medidas urgentes para evitar que el litoral de Telde y su entorno vuelva a sufrir episodios contaminantes de esta magnitud.