Meclasa pide el cese del consejero y del director general de Pesca

La Asociación de Vecinos Meclasa exige que se depuren responsabilidades en el seno del Gobierno de Canarias al considerar que se ha incurrido en una falta de vigilancia de las instalaciones acuícolas ubicadas frente a Melenara y Salinetas raíz de los vertidos que han afectado a la costa de Telde y que han provocado una mortandad masiva de peces en estas jaulas marinas.

El colectivo pide el cese del consejero regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, y del director general de Pesca, Esteban Reyes, por la presunta omisión de sus deberes de vigilancia y control.

Y denuncia que la explotación acuícola denominada Melenara 2 se encuentra situada en una zona catalogada como prohibida en el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC), "sin que se haya ordenado su desmantelamiento pese a más de veinte años de quejas vecinales". Por el contrario, incide Meclasa, se han autorizado nuevas instalaciones que "incrementan la carga contaminante sobre la bahía".

Además, la entidad vecinal considera que "la reiteración de episodios contaminantes, la falta de inspecciones documentadas y la ausencia de activación de protocolos" podrían suponer infracciones administrativas graves e incluso delitos ambientales.

Comunicado de Meclasa
La Asociación de Vecinos/as Meclasa, en representación de los residentes de Melenara, Clavellinas y Salinetas, ha presentado ante la Presidencia del Gobierno de Canarias una solicitud formal de información pública y una denuncia por la ausencia de vigilancia e inspección sobre las instalaciones acuícolas ubicadas en la bahía de Salinetas, cuya actividad ha provocado reiterados episodios de contaminación que obligaron al cierre de las playas durante más de dos meses.

Durante los meses de septiembre y octubre, las playas afectadas sufrieron acumulaciones de materia orgánica en descomposición, restos de pienso, excrementos y una película de grasa que cubría la superficie del agua. Estos episodios, lejos de ser puntuales, se repiten cada año sin que la Dirección General de Pesca haya activado medidas de control, inspección o investigación, a pesar de ser la autoridad competente según el Decreto 212/2024.

La asociación denuncia además que la explotación acuícola “Melenara 2” se encuentra situada en una zona catalogada como prohibida para la acuicultura, según la PROAC, sin que se haya ordenado su desmantelamiento pese a más de veinte años de quejas vecinales. Por el contrario, se han autorizado nuevas instalaciones que incrementan la carga contaminante sobre la bahía.

Meclasa ha solicitado al Fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y Fiscalía Provincial de Las Palmas acceso a la documentación obrante en las Diligencias de Investigación Preprocesal y también al Gobierno de Canarias copia del plan de vigilancia aplicable, así como todos los informes, actas y documentación de inspección de los últimos dos años. Hasta la fecha, ninguna administración ha facilitado esta información, vulnerando el derecho ciudadano de acceso a la información pública.

La entidad vecinal considera que la reiteración de episodios contaminantes, la falta de inspecciones documentadas y la ausencia de activación de protocolos podrían constituir infracciones administrativas graves e incluso delitos ambientales tipificados en los artículos 325 a 331 del Código Penal.

Por ello, Meclasa solicita la depuración de responsabilidades políticas y administrativas, incluyendo el cese del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y del director general de Pesca, por la presunta omisión de sus deberes de vigilancia y control.

Animamos a todas las asociaciones, colectivos, plataformas ciudadanas y vecinos y vecinas de Telde y del resto de Canarias a sumarse a esta solicitud de transparencia, presentando escritos similares ante la Presidencia del Gobierno de Canarias.

La defensa del litoral, la salud pública y la protección del medio marino no pueden depender únicamente de un gobierno, sino de una ciudadanía activa que exija el cumplimiento de la ley y la rendición de cuentas.

Es necesario que el Gobierno de Canarias entregue la documentación, active los mecanismos de control y adopte medidas reales para evitar que la bahía de Melenara y Salinetas siga sufriendo episodios contaminantes.