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Domingo, 07 de Diciembre de 2025

Actualizada Domingo, 07 de Diciembre de 2025 a las 12:38:15 horas

La protesta movilizó a más de 200 personas

Teldenses se suman a la protesta contra el "golpe judicial" del Supremo

La concentración en Las Palmas denuncia “lawfare” y exige la repetición del juicio al Fiscal General del Estado

TELDEACTUALIDAD/Telde 3 Domingo, 07 de Diciembre de 2025 Tiempo de lectura: Actualizada Domingo, 07 de Diciembre de 2025 a las 08:37:22 horas
El exalcalde de Telde, Francisco Santiago, entre los concentrados/CanariasAhora.El exalcalde de Telde, Francisco Santiago, entre los concentrados/CanariasAhora.

La explanada frente a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas se convirtió este sábado en un foro ciudadano de protesta y preocupación democrática. Decenas de teldenses, entre ellos el exalcalde Francisco Santiago, participaron activamente en la concentración convocada por sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos y colectivos ciudadanos para denunciar lo que consideran una “gravísima vulneración del Estado de derecho” por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que el 20 de noviembre hizo público un fallo condenatorio contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, sin acompañarlo de la sentencia completa.

 

La movilización, celebrada en el Día de la Constitución, fue presentada no como un homenaje a la Carta Magna, sino como una denuncia contundente de quienes ven en este episodio un precedente “inaceptable”: una condena penal carente de hechos probados, fundamentos jurídicos o motivación escrita, más de dos semanas después de publicarse el fallo. El mensaje, coreado entre pancartas y aplausos, resonó entre los numerosos vecinos del municipio que quisieron sumarse a las reivindicaciones.

 

Teldenses comprometidos
La presencia de figuras históricas del municipalismo teldense, como Francisco Santiago, otorgó un peso simbólico al acto. El exalcalde conversó con varios asistentes y mostró su preocupación por el deterioro de las garantías constitucionales. Junto a él, otros vecinos coincidieron en que “lo que está en juego afecta a todo el país, no solo a Madrid o a los tribunales”.

 

Los convocantes recordaron durante la lectura del manifiesto que, según los artículos 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una sentencia para ser válida debe contener hechos probados, fundamentos de derecho y parte dispositiva. Lo difundido por el Supremo, denunciaron, es únicamente el fallo, “carente de motivación” y contrario al artículo 120.3 de la Constitución.

 

Acusaciones de irregularidades y conflictos de interés
El manifiesto también enumeró una serie de actuaciones que, a juicio de los convocantes, comprometen la imparcialidad objetiva del tribunal:


Tres magistrados firmantes del fallo habían sido ponentes remunerados en un curso del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) justo antes de la deliberación, entidad que ejercía la acusación popular en este procedimiento.

 

Se recordó asimismo que uno de los jueces dirigió durante años tesis doctorales ligadas a abogados de las acusaciones, y que recibió un premio del propio ICAM en enero de 2025. A ello se suma la polémica frase pronunciada por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, cuando declaró en público que debía “poner la sentencia del fiscal general”, vulnerando —según el manifiesto— el secreto de deliberación.

 

Los colectivos calificaron todo el proceso como un caso de lawfare, un uso instrumental del derecho “como arma política” para desplazar al Fiscal General.

 

Reclaman recusaciones, repetición del juicio y transparencia
Entre las exigencias planteadas figuran la recusación de los cinco magistrados, la repetición del juicio con un tribunal diferente y la publicación inmediata de la sentencia completa.

 

La protesta también sirvió para contextualizar este episodio en lo que consideran un deterioro progresivo del marco constitucional, citando la reforma del artículo 135 en 2011, la impunidad del rey emérito y ahora, la condena sin sentencia a García Ortiz.

 

El acto concluyó con un mensaje unánime: “Ni acatamos ni respetamos esta condena”, proclamaron los colectivos ante la Ciudad de la Justicia. “Una justicia sin imparcialidad no es justicia: es poder arbitrario. Y el poder arbitrario no merece respeto: merece resistencia.”

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