Ni acatamos ni respetamos la condena al Tribunal Supremo

La publicación del fallo que condena al fiscal general del Estado provocando el deliberadamente buscado efecto político de su dimisión, ha supuesto ya la voladura definitiva de la de por sí deteriorada esencia de la idea misma de justicia.

Sumada a otras tropelías recientes – como la negativa a aplicar determinadas leyes aprobadas por el Parlamento, como la Ley de Amnistía –, el Tribunal Supremo sigue imparable en minar uno de los principios esenciales de cualquier democracia plena: la confianza en la justicia. Son las carencias que aquí se padecen las que estigmatizan la actual democracia como gravemente imperfecta.

Se trata de una decisión tan burda que resulta inevitable plantearse si de verdad no hay auténticos jueces en el Supremo o, peor aún, si toda nuestra judicatura ha entrado en un estado tal de decadencia y podredumbre moral que normaliza la arbitrariedad.

La Sala Segunda del Supremo echa de su cargo a un fiscal general que tanto les ha molestado desde que fue nombrado. No lo envía a la cárcel, dictando sólo una condena adecuada que le permite alcanzar su objetivo político sin provocar una rebelión en sus propias filas o una tormenta en las calles, afinándola groseramente como fallo y después encargando a alguien que busque la manera de justificarla legalmente. Y en eso están ahora, en medio de cursos financiados por una de las acusaciones, el Colegio de Abogados de Madrid.

La publicación de un fallo sin argumentación es una aberración. Es algo que en ocasiones ya ha hecho el Tribunal Constitucional y que desafía la idea misma de jurisdicción. Que lo haga un órgano judicial, desobedeciendo el mandato del artículo 120 de la Constitución de que sus sentencias deben ser siempre motivadas, y que lo haga precisamente en el caso en el que más dudas sociales hay sobre su imparcialidad, es simplemente indecente. El fallo, además, se ha publicado tan rápidamente que virtualmente parece del todo imposible que, en el momento en que se divulgó, el Tribunal hubiera tenido tiempo de discutir la ponencia anterior, rechazarla y redactar una nueva. ¿Duda alguien de que ha habido decisión sin argumentación? Aplicar la ley solo puede hacerse escribiendo y sopesando de manera racional una fundamentación jurídica que lleve a su propia conclusión lógica.

Este hecho por sí sólo ya abre una vía jurídica que no puede ser ignorada: la recusación de los cinco magistrados que votaron a favor de la condena y, como consecuencia necesaria, la repetición íntegra del juicio con un tribunal diferente.

Es terrible y absurdo que tengamos fallo sin argumentación. Se ha anunciado la conclusión antes de construir el razonamiento que debe sustentarla. Una de las manifestaciones más claras de vulneración de la imparcialidad objetiva es el prejuzgamiento: Se produce cuando un juez o tribunal manifiesta o exterioriza una opinión o criterio sobre el fondo del asunto antes de que se complete el proceso.

La falta de profesionalidad entre no pocos miembros del poder judicial, suscita gravísimas dudas sobre su capacidad de actuar como jueces democráticos sujetos al imperio de la ley.

Es suficientemente conocido que el Poder Judicial del franquismo pasó sin ningún cambio ni purga a la democracia. No hubo transición democrática que afectara a este poder del estado. Y de esos polvos, los lodos como el que ahora denunciamos. La inercia de ese estado anterior de cosas ha generado la conocida prevalencia de las clases dirigentes económicas y políticas ante la justicia, frente a la insuficiente actuación en relación a los derechos cívicos de los ciudadanos.

Frente al grave deterioro del poder judicial es crucial la defensa de los valores democráticos, de los valores de la cosa pública, de los valores republicanos. Urge transformar el poder judicial a fin de que sus miembros sean estructura medular en la aplicación de las leyes de defensa de la libertad, la igualdad, la cultura, la fraternidad, la paz, el antifascismo, el feminismo, la memoria democrática, la salud del planeta… Por ello urge impregnar de democracia la Justicia, soltando el lastre de quienes siguen sujetos a los valores del rancio pasado.

Firmantes: (17)

CCOO

COBAS

INTERSINDICAL CANARIA

FEDERACIÓN DE SINDICATOS OBREROS DE CANARIAS

FEDERACIÓN SINDICAL CANARIA

MOVIMIENTO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE CANARIAS

SINDICATO DE GREMIOS UNIFICADOS

ALTERNATIVA SINDICAL OBRERA CANARIA

SINDICATO TRABAJADORES ENSEÑANZA DE CANARIAS

REUNIR

UNIDAD DEL PUEBLO