Hernández (NC) propone una rebaja fiscal histórica para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda

La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández avanzó esta semana una iniciativa parlamentaria en la que propone una rebaja fiscal histórica en el Archipiélago para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda. Hernández impulsa deducciones de hasta 1.100 euros y tipos reducidos en impuesto para facilitar la compra o alquiler a menores de 40 años. El grupo nacionalista progresista propone además la creación de un nuevo tipo impositivo incrementado del 20 por ciento en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para los grandes tenedores, compras de edificios completos o transmisiones destinadas a la vivienda vacacional para desincentivar la especulación.

En una moción que defenderá en el pleno de la próxima semana, la diputada nacionalista ofrecerá para su debate y votación un conjunto de medidas para responder a una emergencia habitacional que, en el caso de los jóvenes, amenaza la emancipación y la posibilidad de poder desarrollar un proyecto de vida.  

Plantea un paquete de incentivos fiscales que favorezcan la compra y el alquiler. En el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la ampliación de la deducción canaria del arrendamiento hasta el 35 por ciento y un aumento del límite máximo hasta 900 euros o 1.100 euros si el contribuyente tiene 40 años o menos.

En el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el tipo reducido del tres por ciento, frente al cinco por ciento actual para aquellos de hasta 40 años, con una renta máxima de 45.500 euros y viviendas inferiores o iguales a 150.000 euros.

La creación de un tipo impositivo del 20 por ciento en el ITP para grandes tenedores, compras de edificios completos o transmisiones destinadas a la vivienda vacacional para “desincentivar la especulación”.

En el Impuesto General Indirecto (IGIC), un tipo reducido del uno por ciento frente al tres por ciento en vigor para jóvenes hasta 40 años, en las mismas condiciones que el ITP.

La moción incluye la creación de un programa integral de vivienda joven que contemple una reserva mínima del 30 por ciento de las nuevas residencias públicas en alquiler para menores de 35 años. Bonificaciones y ayudas al alquiler privado mediante subvenciones y avales públicos que impidan que el coste supere el 30 por ciento de los ingresos y el impulso al acceso a microviviendas y alojamientos dotacionales, con preferencia en zonas con fuerte presión inmobiliaria.

Límites

Carmen Hernández insiste en la importancia y necesidad de priorizar la movilización de las viviendas desocupadas, en este caso mediante la compra pública para su incorporación al parque en alquiler social y con recargos progresivos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a grandes tenedores que mantengan inmuebles vacíos.

Además, la regulación del alquiler vacacional, limitando su crecimiento en zonas tensionadas y destinando parte de la recaudación turística a programas de vivienda para jóvenes residentes.

Hernández propone apoyar cooperativas de cesión de uso, viviendas comunitarias que combinan espacios privados (como habitaciones) con áreas comunes compartidas (como cocinas, salones y espacios de trabajo) y proyectos colaborativos para reforzar la mediación y protección ante desahucios, garantizando realojo inmediato para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Nueva Canarias defiende la creación de un observatorio de vivienda juvenil además de promover un plan integral de emancipación juvenil en coordinación con este observatorio.

La iniciativa de Hernández incluye un incremento progresivo del parque público de alquiler asequible hasta alcanzar el 9 por ciento del total de viviendas (media europea) en un plazo de 15 años, destinando para ello al menos el 0,4 por ciento del PIB autonómico anual.

Un planteamiento que apoya NC-BC con carácter general ante la grave crisis de la vivienda también es abordada en esta moción. Se trata de que el Gobierno presidido por Fernando Clavijo reconozca el derecho subjetivo a la vivienda, de forma que pueda ser exigido judicialmente por la ciudadanía en caso de incumplimiento por parte de los poderes públicos.