La Plataforma 5 % aseguró este jueves que el crecimiento de la plantilla docente en Canarias es “insuficiente” si se compara con el superávit con el que cerró el Gobierno autonómico en 2024. Según recordó, la Comunidad Autónoma obtuvo un superávit de 527 millones de euros, mientras que la ampliación del número de profesores, en su opinión, “no compensa la pérdida sufrida desde los recortes aplicados en 2010”.
En un comunicado, la organización señaló que la Ley Canaria de Educación, aprobada en 2014, establecía la obligación de alcanzar un gasto mínimo en educación del 5 % del PIB regional. “Once años después, Canarias sigue lejos de cumplir ese compromiso”, indicó, al tiempo que subrayó que “se trata de una meta legal, no de una opción política”.
El colectivo argumentó que el desfase entre el superávit presupuestario y la inversión en personal educativo refleja que “las prioridades del Ejecutivo no han estado en la educación”. A este respecto, insistió en que el crecimiento en el número de docentes se mantiene por debajo de lo necesario para revertir las carencias generadas hace más de una década.
La Plataforma añadió que “Canarias continúa por debajo de la media estatal en gasto educativo por habitante”, lo que, según sostuvo, repercute en la calidad del servicio. Entre las consecuencias, citó “la atención insuficiente al alumnado, la sobrecarga de horas lectivas y la falta de desdobles en grupos con ratios elevadas”.
La organización también denunció que la contratación de profesores no ha avanzado al mismo ritmo que el crecimiento del alumnado ni que la diversificación de necesidades educativas. “Los recursos humanos son fundamentales para garantizar una enseñanza inclusiva y con equidad, y no se están reforzando al nivel que la sociedad canaria demanda”, manifestó.
En este sentido, la Plataforma reclamó la elaboración de un plan plurianual de incremento de la plantilla y de los recursos económicos destinados a educación, con el objetivo de que el Archipiélago alcance el 5 % del PIB “antes del final de la legislatura”. “No se trata solo de una cifra, sino de garantizar un derecho fundamental y de situar a Canarias en los estándares europeos”, apuntó.
El colectivo anunció que seguirá manteniendo contactos con la Consejería de Educación y que continuará trasladando sus demandas a la opinión pública. “Mantendremos la presión social para que se cumpla lo que consideramos un compromiso legal y moral con la ciudadanía”, concluyó.
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