Turcón critica la demolición parcial del Hotel Tres Islas y exige su retirada total del litoral de Corralejo

El colectivo Turcón - Ecologistas en Acción ha manifestado que la reciente demolición de varias dependencias del Hotel Tres Islas, promovida por la empresa RIU a raíz de un requerimiento del Ministerio para la Transición Ecológica, no constituye una "reparación efectiva" del dominio público marítimo-terrestre. Según su valoración, esta intervención no resuelve el conflicto de fondo relacionado con la legalidad de la concesión.

Turcón considera que el complejo hotelero, ubicado en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo y dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) “Corralejo” —perteneciente a la Red Natura 2000—, "debería ser desmantelado por completo". Alega que la concesión administrativa vinculada al inmueble, con expediente CNC12/06/35/0002, fue archivada sin resolución definitiva pese a lo que describen como incumplimientos de las condiciones originales.

Entre los hechos señalados por la organización se incluyen ampliaciones del volumen y número de habitaciones del hotel "sin autorización expresa", así como la instalación de una planta desalinizadora, una depuradora que describen como "deficiente" y la construcción de piscinas, spas, techados y accesos no contemplados en el proyecto aprobado. Estas actuaciones, de acuerdo con Turcón, vulneran la legislación ambiental y de costas y afectan al ecosistema dunar.

La entidad también afirma que la presencia del Hotel Tres Islas, junto al Hotel Oliva Beach, se basa en concesiones otorgadas en etapas anteriores a la legislación democrática y sostiene que su mantenimiento "carece de justificación" en el marco constitucional actual. En este sentido, cita el artículo 132 de la Constitución Española, que establece la necesidad de preservar el dominio público y restringe el uso privativo del litoral a casos excepcionales y temporalmente limitados.

Turcón ha expresado además su preocupación por lo que califica como una campaña institucional en defensa de los intereses de la empresa RIU. En concreto, señala al Gobierno de Canarias, a determinados partidos políticos y a organizaciones empresariales como impulsores de esta iniciativa, la cual —según el colectivo— busca frenar o condicionar las decisiones del Estado en materia de costas.

En su comunicado, Turcón solicita que se reabra el expediente de caducidad de la concesión, se proceda a la demolición completa del hotel y se lleve a cabo una restauración ecológica del área afectada. También pide que se analicen posibles responsabilidades administrativas por la prolongación de esta situación.