Diversidad funcional

En los últimos años, se ha impuesto en ciertos círculos progresistas el término "diversidad funcional" como una alternativa aparentemente más inclusiva y amable al término "discapacidad". La intención —supuestamente bienintencionada— es visibilizar que todas las personas tienen diferentes formas de funcionar, de ser, de estar en el mundo. Sin embargo, desde una posición de izquierdas, crítica y comprometida con la justicia social, es necesario problematizar este concepto: lejos de empoderar, corre el riesgo de invisibilizar las condiciones materiales, sociales y estructurales que oprimen a las personas con discapacidad.

Llamar "diversidad funcional" a lo que es, en muchos casos, una situación de opresión sistémica, no sólo resulta insuficiente, sino profundamente peligroso. Es un giro semántico que edulcora una realidad atravesada por la desigualdad, la precariedad, la exclusión y la discriminación. Es como si al racismo lo llamáramos “diversidad cultural mal entendida” o a la pobreza, “diferencia económica funcional”.

La izquierda no puede caer en el juego del neoliberalismo lingüístico, que transforma conflictos estructurales en problemas individuales o diferencias neutras. Porque eso es lo que hace el término "diversidad funcional": convierte en una mera variante existencial lo que en verdad es una cuestión de derechos, de accesibilidad, de participación política y de redistribución de recursos. Se borra la especificidad del colectivo, y con ello, su potencia organizativa y reivindicativa.

Es cierto que el lenguaje importa. Pero más importa desde dónde se construye y hacia qué horizonte político apunta. La lucha por los derechos de las personas con discapacidad no necesita un maquillaje terminológico, sino cambios estructurales: accesos universales reales, educación inclusiva con recursos suficientes, empleo digno, servicios públicos de apoyo, políticas de cuidados no capacitistas y, sobre todo, una transformación cultural que reconozca el valor y la dignidad de todas las vidas, sin negar las desigualdades que las atraviesan.

Asumir el término “discapacidad” no significa rendirse ante un modelo médico, paternalista o limitante, sino recuperar su dimensión política y colectiva. El modelo social de la discapacidad nos enseñó que no es el cuerpo el que está roto, sino la sociedad la que discapacita cuando no garantiza igualdad de condiciones. No se trata de funcionalidades diversas, sino de barreras concretas. Y estas barreras tienen responsables: el Estado, el mercado, el sistema capacitista.

En lugar de ocultar la palabra “discapacidad”, la izquierda debe levantarla con fuerza y orgullo, como lo ha hecho con otras identidades históricamente oprimidas. Nombrar la discapacidad es nombrar una lucha, una memoria colectiva, un lugar desde el cual se puede —y se debe— exigir justicia.

Porque lo que no se nombra, no existe. Y lo que se disfraza, se debilita. Si queremos construir un mundo verdaderamente inclusivo, no basta con hablar bonito: hay que hablar claro. Y actuar en consecuencia.

Diego Fernando Ojeda Ramos, fue concejal del Ayuntamiento de Telde y actualmente es asesor en la Consejería del sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo Insular de Gran Canaria.