Suárez y Mesa: La disciplina no es optativa

La reciente resolución de la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Telde, que confirma que Héctor Suárez y Pilar Mesa deben pasar a la condición de concejales no adscritos tras su expulsión de Coalición Canaria, es un acto de justicia política e institucional que no admite doble lectura: el que rompe con su partido, no puede seguir beneficiándose de sus privilegios.

El informe jurídico avanzado por TELDEACTUALIDAD es claro, riguroso y concluyente. La expulsión fue válida, fue tramitada por el órgano competente, con todas las garantías de audiencia y sin que conste impugnación que la deje en suspenso. A partir de ahí, lo que corresponde no es debatir sentimentalismos ni forzar lecturas interesadas: hay una norma y hay que cumplirla. Punto.

Es razonable que este desenlace incomode a los afectados. Suárez y Mesa fueron parte destacada de Coalición Canaria, jugaron roles visibles y acumularon peso institucional. Pero en política, como en la vida, las decisiones tienen consecuencias, y la lealtad a las siglas no es optativa cuando se representa públicamente un proyecto colectivo.

Porque no se puede ser portavoz del canarismo y dinamitar la estructura desde dentro. No se puede hablar de responsabilidad institucional y actuar como si la militancia fuese un contrato revocable según convenga. Y no se puede pedir dedicaciones exclusivas, presencia en órganos de poder y recursos públicos cuando se ha dejado de representar, formal y jurídicamente, al grupo con el que se concurrió a las elecciones.

El paso a no adscritos implica restricciones duras, sí: fuera de la Junta de Portavoces, sin retribuciones específicas, ni fondos de grupo. Pero es exactamente lo que marca la ley y lo que la ciudadanía espera: que quienes rompen con un partido no sigan operando con las ventajas del mismo.

El mensaje es inequívoco: el transfuguismo —explícito o encubierto— tiene un precio. Y si algo está claro en este caso es que la estructura institucional del Ayuntamiento no puede sostener privilegios que ya no están justificados políticamente.

Al mismo tiempo, la decisión refuerza la posición de Juan Francisco Martel, que queda como único portavoz legítimo de Coalición Canaria en el Pleno, con todos los derechos que eso conlleva. No es un premio, es la consecuencia natural de quien, nos guste más o menos su estilo, no ha traicionado las siglas que lo llevaron a ocupar un acta de concejal.

En definitiva, lo ocurrido en Telde debe ser leído como un saludable ejercicio de orden y legalidad en un escenario político donde, a menudo, los límites entre lo ético y lo útil se desdibujan. Porque en política no basta con tener razón o buenos propósitos: hay que ser coherente con lo que se representa.

Y eso, más allá de los nombres, es lo que ha estado en juego. La ciudadanía necesita instituciones que funcionen, pero también partidos que se respeten a sí mismos. Porque si todo vale, entonces nada vale. Y si la palabra no tiene consecuencias, la política pierde su sentido.

El que la hace, la paga. Y es justo que así sea.