
a familia de ocho miembros, entre ellos cinco menores, que se enfrentó este jueves a un desahucio parcial en el barrio de Las Remudas, ha presentado un escrito de oposición ante el Juzgado para evitar el cambio de cerradura de la vivienda donde residen.
Según el escrito firmado por su abogado, la orden judicial dictada en el procedimiento de desahucio únicamente afecta a dos habitaciones de la vivienda, no al conjunto del inmueble. En el resto de las dependencias —salón, cocina, baño y una tercera habitación— continúa residiendo la familia, compuesta también por un niño con trastorno del espectro autista (TEA) y una madre con problemas de salud documentados.
Los afectados han tenido conocimiento de que la parte ejecutante pretende cambiar la cerradura de la puerta principal de acceso a la vivienda, lo que, de materializarse, impediría el acceso al resto de los ocupantes no incluidos en la orden de lanzamiento, una actuación que consideran ilegal y que vulneraría derechos fundamentales.
"La resolución judicial no ordena el desalojo del conjunto del inmueble, sino únicamente de dos habitaciones", como así se cumplimentó esta mañana, advierte el abogado, quien subraya que "cualquier actuación que impida el acceso a las zonas comunes restantes podría constituir una vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio", recogido en el artículo 18.2 de la Constitución Española.
En el escrito, la defensa también invoca la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, recordando que en casos que afectan a menores o personas vulnerables se debe priorizar siempre su interés superior y proteger su bienestar.
Además, se señala que conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 703 LEC), las actuaciones de desahucio deben limitarse estrictamente a lo ordenado judicialmente, por lo que un cambio de cerradura generalizado sin entrega de copia podría ser considerado un acto de ejecución extralimitado y dar lugar a responsabilidades legales.
Por ello, el abogado solicita al juzgado que:
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No se autorice el cambio de cerradura, salvo que se garantice copia de las llaves a los ocupantes que continúan residiendo en la vivienda.
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Se tenga en cuenta el interés superior de los menores y la protección de las personas vulnerables.
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Se valore la intervención del equipo psicosocial para evaluar el impacto de la medida sobre los menores.
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Se adopten medidas cautelares para garantizar el acceso al domicilio en caso de actuación no autorizada.
La familia espera que el juzgado actúe para proteger sus derechos y evitar que se vean desalojados totalmente sin amparo judicial, en una situación de máxima vulnerabilidad.
Mientras tanto, la preocupación crece en Las Remudas, donde organizaciones sociales y vecinos siguen atentos a la evolución del caso, que visibiliza una vez más las carencias en la respuesta institucional ante emergencias habitacionales.
Carlos | Sábado, 12 de Abril de 2025 a las 12:07:21 horas
Muy buenas, ponen a una familia con niños pequeños en la calle, y a los dd fuera les ponen casa, y cobran...
Este país está de mal en peor.
No se el motivo , pero es claro que aquí los derechos nl existen....
Y los que están en su portrona ko hacen nada...lamentable...
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