Fijeza ya

Éxito de la manifestación el sábado en Madrid reclamando interinos y laborales indefinidos no fijos la fijeza, de una vez. Y es que España aún no ha hecho la transposición a la normativa estatal de la directiva europea relativa a la temporalidad que data de 1999. Ya son años. Tantos como la enorme bolsa de empleados públicos en abuso de temporalidad que están sujetos a la ausencia de derechos porque para la Administración es más cómodo no hacer nada. Además, se sabe que trabajador precario, no reclama. Piensa más de un burócrata de turno. Sin embargo, la justicia europea lleva desde comienzos de año abriéndose camino.

La sentencia de febrero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la de junio, ambas de 2024 y que resolvieron cuestiones prejudiciales, dejan claro que la figura del indefinido no fijo no tiene cabida y que los procesos de estabilización no son medida sancionadora alguna frente al fraude de ley. Dicho en plata, que la fijeza (con o sin matices) es bienvenida.

El Gobierno estatal no va a cumplir con el objetivo de reducir al 8% la tasa de temporalidad de los empleados públicos al cierre de este año. No hay tiempo material. Numerosos procesos de estabilización al amparo de la ley 20/2021 han sido recurridos porque no han salido por parte de la Administración cómo era debido o directamente han intentado esquivar su obligación. Esta es la realidad que atañe a una multitud de empleadas y empleados públicos que están en abuso en ayuntamientos, cabildos, comunidades autónomas… Están en un limbo porque a la Administración le interesa que sigan así.

El Derecho Comunitario prevalece sobre los textos constitucionales. De no ser así, no habría posibilidad de armonizar el Derecho Comunitario en la Unión Europea y de que esta ostentara su propio espacio jurídico. No hay Constitución que pueda oponerse al TJUE. De lo contrario, la Unión Europea sería inviable. Y tal como reza la directiva de 1999, Europa no quiere empleo público precario. Así de sencillo, por muchas resistencias burocráticas concurran. De momento serán los tribunales los que tengan que ir resolviendo la papeleta, pero está tardando el nuevo ministro del ramo, Óscar López, en promover legislar respetando los pronunciamientos del TJUE y, por tanto, salvaguardar la estabilidad del empleo público antes de finalizar 2024. Mas todo apunta que la pugna en los tribunales persistirá por un tiempo. Será el TJUE quien tenga, como siempre, la última palabra.