Canarias y la cuestión migratoria

Según las últimas encuestas del CIS del mes de septiembre, la inmigración ha pasado a ser la principal preocupación de los españoles, que no es poco. El tema, aunque especialmente candente en los últimos meses, no resulta nuevo para nadie, especialmente para los que vivimos en Canarias. 

Para ponernos en antecedentes, en el año 2006, considerado históricamente como uno de los años de mayor presión migratoria, y que dio lugar a la llamada "crisis de los cayucos", arribaron a las costas de Canarias aproximadamente 39.180 migrantes en situación irregular, una cifra que marcaba entonces un récord en el archipiélago. 

En 2023 ese récord quedó obsoleto, contabilizando el archipiélago un total de 39.910 llegadas irregulares. Para ponerlo en perspectiva, el municipio de Arucas tiene censadas unas 38.300 personas, 1600 menos de las que llegaron en el último año en situación irregular. Es como si el municipio de Telde (102.400 personas censadas) hubiese recibido en un sólo año el equivalente al 39% de su población total. O como si el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, con aproximadamente 378.000 personas censadas, recibiese en el mismo periodo el equivalente al 10% de su población total. 

Por otra parte, se espera que en 2024 se bata nuevamente este récord. Sólo en la primera mitad del año, ya habían llegado a Canarias unos 19.200 migrantes en situación irregular. Esto quiere decir que las llegadas este año ya casi igualan la población total de la isla de La Gomera (22.000) y casi multiplican por dos las de la población de la isla de El Hierro (11.000). Todo esto sólo durante la primera mitad del año y sólo en Canarias.

Mientras tanto, a 2.000 kilómetros de distancia, en Madrid, los principales partidos políticos hacen oídos sordos a los reclamos de los canarios y estos problemas suenan como un eco lejano. Claro está que allí no tienen que montar carpas temporales en el aeropuerto debido a la saturación de los centros de acogida. Será por ello que en el Congreso de los Diputados resulta tan fácil convertir la cuestión migratoria en un debate político y no en un problema real que, según el Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cuesta 156 millones de euros cada año a los contribuyentes. 

En esta coyuntura, vecinos europeos con amplia experiencia en este campo como Suecia o Alemania, reconsideran su política migratoria durante las últimas décadas. Países Bajos y Hungría, reclaman directamente un mayor control sobre sus fronteras, y otros países mucho más cercanos como Italia, que conoce de primera mano la situación que atraviesa España, han decidido atajar el problema por la vía de urgencia, con mayor o menor acierto. "Cuando las barbas de tu vecino veas pelar...", ya saben.

Sin embargo, el Gobierno de España, a contracorriente y convertido en adalid del sinsentido, se dedica a hacer lo que mejor sabe, que es tergiversar la realidad calificando de "cuestión de solidaridad" lo que en realidad es una cuestión de falta de control y voluntad política para atajar un problema que se ha convertido en prioritario. Eso sí, quien reclame explicaciones, queda advertido, corre el riesgo de ser acusado de racismo llano, en un contexto en el que poco importa que lo que se reclame sea que se respete la legalidad del proceso migratorio, independientemente de si la persona procede de Bamako o de Vancouver.

Javier M. Falcón Soria  es Graduado en Administración y Dirección de Empresas y  Máster en Emprendimiento y Negocios Internacionales.