Disculpe, todos nuestros operadores están okupados

Invertir en una vivienda en España es, ahora más que nunca, un acto de valentía. No sólo por la escasez de oferta, los precios desorbitados o los salarios desfasados, sino también por la desprotección jurídica a la que se enfrentan los futuros propietarios. En nuestro país, el impago de la renta sale muy barato. Tanto es así, que se ha convertido en un gran negocio para algunos, conocedores de la connivencia del Estado en estos casos.

La okupación es un fenómeno que no es nuevo en España. Apareció a principios de los años 80 como parte de un movimiento ideológico de protesta. La inquiokupación, por otra parte, una variante de la okupación en la que un inquilino con contrato de arrendamiento deja de pagar la renta mientras se niega a abandonar la vivienda, podría ser considerada como la okupación de guante blanco. Un fenómeno mucho más sutil y de moda en los últimos tiempos, que pone de manifiesto el sinsentido jurídico al que se enfrentan muchos propietarios de viviendas en nuestro país.

Quienes sufren esta situación en primera persona, pueden esperar tiempos de demora de hasta dos años para recuperar sus viviendas. Tiempo durante el cuál, por supuesto, no perciben ninguna cuantía económica por ellas y además están obligados a hacer frente a los gastos de hipoteca, los impuestos, los suministros de agua y luz y también los gastos en servicios jurídicos.

En el caso de que a estos propietarios se les ocurriera intentar mediar por la palabra, podrían ser denunciados por coacciones. Si se les ocurriera dar de baja los suministros, podrían ser denunciados por coacciones. Si se les ocurriera cambiar una cerradura o contratar a una empresa que controle el acceso, podrían ser denunciados por coacciones. En definitiva, un panorama de injusticia que refleja lo ridículo de la legislación española en materia de protección de la propiedad privada.

Por otra parte, se ha conseguido en nuestro país algo insólito: se ha dado la vuelta a la tortilla de tal forma que se criminaliza a la víctima y se justifica al delincuente. El proceso de desalojo de una vivienda llega a ser tan engorroso y agotador, que en la mayoría de los casos los okupas consiguen que el propietario no solo acabe desistiendo de cobrar la deuda pendiente, sino que en ocasiones incluso se les pague por abandonar la vivienda, como si fuera una compensación por las molestias causadas. Hablando claro, pagan un chantaje para arreglar la situación de abandono a la que las administraciones les han condenado.

Ante esta coyuntura, no debería sorprendernos que cada vez más propietarios decidan legítimamente retirar sus viviendas del mercado del alquiler y dedicarlo a otros usos, ante lo que consideran una situación de indefensión jurídica, agravando así la crisis de falta de vivienda que vive el país. Desde el Gobierno se echan las manos a la cabeza hablando de la insolidaridad de los propietarios por tener "viviendas vacías" mientras lanzan balones fuera ante el problema de la okupación, creando un clima en el que no sólo no se castigan estas prácticas, sino que se incentivan de forma indirecta.

El derecho a la vivienda es uno de los pilares básicos del estado de bienestar en nuestro país. Un derecho fundamental, recogido en nuestra Constitución, que debe ser garantizado a todas las personas, especialmente a aquellas más vulnerables. Igualmente importante y también reconocido por la Constitución, está el derecho a la propiedad privada. No se puede clamar al cielo por uno de estos derechos mientras se pisotea el otro, ni hacer política ideológica con una materia tan delicada. No hay que olvidar que la responsabilidad última de asegurar la suficiencia de vivienda pública y asequible recae sobre el propio Estado, y no sobre los ciudadanos particulares.