Varapalo al ministro

Uno de los afectados por los reproches que ha lanzado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a cuenta de la temporalidad en el empleo público, es a todas luces José Luis Escrivá. La conocida como Ley 20/2021 es, cuando menos, insuficiente para cumplir con la meta impuesta por la Unión Europea: reducir del entorno del 30% la tasa de temporalidad al 8% antes del 31 de diciembre de 2024. Mas el ministro no reacciona. Y mientras Yolanda Díaz celebra los pronunciamientos del TJUE (que tienen efecto directo y son vinculantes), pero al no ser su materia no interviene, Escrivá se pone de perfil para que otros le solucionen una problemática que la atañe por completo.

La temporalidad en el ámbito público concierne, cuando menos, siendo conservadores, a 700.000 u 800.000 personas (y sus familias) y, por ende, es un quebradero de cabeza para Pedro Sánchez. Pueden ser muchos más y superar el millón. Y en vez de buscar soluciones legislativas promovidas por el mismo Escrivá, su pasividad alarma en La Moncloa. De hecho, este jueves el diario ‘El País’ publicaba un editorial titulado: Precariedad en la Administración. ‘El País’, editorialmente cercano al PSOE, desde siempre, pone en sobre aviso a Sánchez. Le advierte del peligro electoral.

La propia cabecera del Grupo Prisa arrojó datos muy alarmantes: “en la Comunidad Valenciana, País Vasco y Canarias, más de la mitad de los trabajadores públicos no son funcionarios”. Y quien dice temporalidad, supone padecer evidentemente precariedad durante años o décadas. Una barbaridad que contraviene la determinación europea de fomentar la estabilidad en el empleo. Europa no quiere precariedad, ni en el ámbito privado ni en el público.

En Canarias conocemos bien la ausencia de diligencia efectiva del ministro Escrivá. Durante la crisis migratoria en el muelle de Arguineguín, Escrivá aterrizó en Gran Canaria y se fue con la misma dejando a los responsables públicos en el limbo. Sin certezas.

Pues bien, otro dato: en las islas la temporalidad en la sanidad era en julio de 2023 del 73% (lo publicó ‘El País’ en su edición del martes). Es decir, que los que cubren y prestan a la ciudadanía los servicios propios del Estado del Bienestar, es personal temporal con creces. Y no se puede tener una buen educación, sanidad, dependencia, tramitación de la justicia… si sus trabajadoras y trabajadores (suelen ser mujeres las víctimas de temporalidad) están sujetos a un abuso que les hace más débiles, también para reclamar. La problemática de los interinos, estatutarios e indefinidos no fijos se acrecentó al calor de la Gran Recesión de 2008 y el ‘austericidio’ practicado entonces. Sin embargo, ya venía de antes. Las administraciones estaban cómodas en esta inercia. La bola de nieve ha aumentado enormemente. Y el Gobierno central no puede seguir esquivando el asunto. El TJUE ha sido determinante. El ministro está mermando a Sánchez.