TELDEACTUALIDAD
Telde.- El aparcamiento subterráneo de San Juan cerrará mañana martes sus puertas, tras resolver este lunes el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número de Las Palmas la ejecución forzosa de la sentencia de octubre de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que declaró resuelto el contrato por causas imputables al Ayuntamiento de Telde y reconoció a AMMP Parking, empresa concesionaria de este inmueble de titularidad municipal, el derecho a ser indemnizada por daños y perjuicios con un importe aún pendiente de cuantificar.
Este lunes, según ha podido saber TELDEACTUALIDAD, se formalizó la ejecución de sentencia por parte del citado órgano judicial, tras solicitarlo en octubre pasado la concesionaria del equipamiento situado entre la Basílica y el parque urbano de San Juan, una vez transcurrido en exceso el plazo para la ejecución voluntaria del fallo por parte del Ayuntamiento.
Tras adquirir en 2012 la concesión del recinto, después de que Calvican, la adjudicataria original quebrase y dejase sin terminar el inmueble, AMMP Parking interpuso en 2014 un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Telde en el que reclamaba una indemnización patrimonial de más de 3 millones de euros.
La empresa invirtió 3,2 millones de euros para reabrir en 2012 las dos plantas del aparcamiento con 269 nuevas plazas que llevaba en obras y sin terminar desde el año 2000, cuando el Ayuntamiento lo adjudicó. Entonces se anunció que estaría en servicio las 24 horas y que la empresa asumiría también la finalización de la plaza pública que estaba prevista en la cubierta del edificio, pero al final nunca empezaron las obras.
El acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento, siendo alcaldesa Mari Carmen Castellano (PP), con AMMP Parking contemplaba no sólo la culminación del aparcamiento bajo rasante, sino también la ejecución de un edificio de dos plantas en la superficie con su correspondiente plaza. Sin embargo, esta parte del proyecto no se pudo llevar a cabo por la fuerte contestación ciudadana a la construcción de un inmueble moderno junto a la trasera de la histórica Basílica de San Juan, que se vio avalada con un informe desfavorable del Cabildo de Gran Canaria. A ello hay que unir la decisión municipal de abrir solares para el estacionamiento en zonas próximas al parquin subterráneo.
La sentencia fue comunicada a las partes el 9 de enero de 2020 y, transcurrido el plazo para la ejecución voluntaria por parte del Consistorio, AMMP Parking presentó demanda solicitando su ejecución forzosa
En febrero de 2018, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria resolvió en contra de los intereses de la empresa, pero esta formalizó un recurso de apelación ante el TSJ de Canarias que, en sentencia de 8 de octubre de 2019, terminó dándole la razón al declarar resuelto el contrato por “causas imputables” al Ayuntamiento y la obligación de percibir una indemnización por daños y perjuicios.
La sentencia fue comunicada a las partes el 9 de enero de 2020 y, transcurrido el plazo para la ejecución voluntaria por parte del Consistorio, AMMP Parking presentó demanda solicitando su ejecución forzosa. Lo hizo en octubre del mismo año y este lunes se dio curso a su petición por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas.
Según los estudios económicos por la entidad, la cuantía de la indemnización que deberá abonarle el Ayuntamiento asciende a unos 4,8 millones de euros
Según los estudios económicos por la entidad, la cuantía de la indemnización que deberá abonarle el Ayuntamiento asciende a unos 4,8 millones de euros, ya que a la reclamación económica patrimonial (3,2 millones) AMMP Parking suma la actualización de la indemnización desde el 1 de enero de 2015 al 1 de octubre de 2020, las costas de los gastos judiciales de la primera instancia (minuta de abogados, procuradores y peritos) y los intereses legales.
Fuentes de AMMAP indicaron a este periódico que prevén entregar formalmente al Ayuntamiento las llaves del equipamiento en el plazo de 7 días que fija la normativa vigente tras tomar carta de naturaleza la ejecución forzosa y concretar con las autoridades municipales el pago de la indemnización por daños y perjuicios.






















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