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Santa Cruz de Tenerife.- La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha estimado un recurso de la Fiscalía Anticorrupción sobre nuevas diligencias en el denominado caso Grúas y ha desestimado otro del exalcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, sobre supuestas instrucciones de la Fiscalía General del Estado para demorar la emisión de informes.
Este caso está relacionado con la concesión por parte del Ayuntamiento de La Laguna de un préstamo a la empresa adjudicataria del servicio de grúas, que pasaba por dificultades económicas, con el parecer contrario de los servicios de intervención.
Como investigados figuran el exalcalde de La Laguna y presidente de Canarias en funciones, Fernando Clavijo, y el también exalcalde de La Laguna José Alberto Díaz, además del exconcejal Antonio Miguel Pérez Godiño, todos de Coalición Canaria,
En el primero de los autos, la sección segunda de la Audiencia Provincial estima un recurso de la Fiscalía contra la decisión de la juez de instrucción de denegar la práctica de diligencias para averiguar los hechos denunciados en este caso.
La Fiscalía había pedido, entre otras diligencias, la declaración testifical del antiguo titular de la concesión de grúas, del actual propietario de la empresa y de un antiguo empleado, testimonios que fueron rechazados por la juez instructora.
En el auto conocido este lunes, la Audiencia Provincial estima el recurso presentado por la Fiscalía y ordena que se puedan realizar estas pruebas testificales.
El auto estima el recurso "ante la parquedad e insuficiencia de la motivación desestimatoria".
La Audiencia considera que la toma de declaración de los testigos "es útil" para determinar si las resoluciones administrativas en las que participaron los investigados son contrarias a derecho o están fundadas.
Respecto al segundo auto, la Audiencia desestima la pretensión de José Alberto Díaz, ya rechazada por el juzgado de instrucción, para que la Fiscalía General del Estado aportara a la causa "una imaginada" instrucción que supuestamente dio al Fiscal Jefe de Canarias para demorar el caso ante la inminente entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias.
El Estatuto de Autonomía de Canarias eliminaba el aforamiento de los cargos políticos canarios por lo que su entrada en vigor suponía el regreso del caso Grúas a los juzgados de La Laguna en detrimento del TSJC.
La Audiencia argumenta para rechazar el recurso de Díaz que este no era aforado ni antes ni después del Estatuto por lo que no le afectaría la competencia de la instrucción.
Ademas argumenta la Audiencia que no existen indicios de la hipotética existencia del documento que, por otro lado, carecería de toda relevancia para defenderse contra las imputaciones.
"Pretende el recurrente por vía torticera enjuiciar la actuación de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Superior de Justicia, lo que no es el objeto del presente procedimiento" señala el auto.
Asimismo la Audiencia recuerda que cuando entró en vigor el Estatuto ninguno de los que estaba aforado estaba investigado entonces, además de que los informes previos que se hubieran podido elaborar en la Fiscalía carecen de toda virtualidad.
Matos declara en el juzgado para "normalizar" la comparecencia
Por otro lado, el presidente del Parlamento canario, Gustavo Matos (PSOE), ha señalado que, aunque según la Ley de Enjuiciamiento Criminal podía declarar como testigo en el caso grúas en el despacho oficial o en sede parlamentaria, quería “normalizar” la comparecencia de cargos públicos y la colaboración con la administración de Justicia.
Así lo ha expresado Gustavo Matos a la entrada de su declaración como testigo ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna del caso grúas, María Celia Blanco, que dirige la instrucción del caso grúas.
En este caso se investigan posibles delitos de prevaricación en la gestión del servicio de grúas en el municipio tinerfeño de La Laguna, cuando Gustavo Matos era concejal socialista.
"Creo que, sobre todo los que hemos sido llamados como testigos, cuanto menos hablemos en los medios y más en el juzgado, vamos a ayudar a que se lleve con eficacia la instrucción", ha subrayado Gustavo Matos.
Ha puntualizado asimismo que ha acudido a los juzgados con los medios normales de un ciudadano "normal" y "por la puerta que corresponde".
El caso grúas, denunciado ante los juzgados por los grupos municipales de Unidas se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias en 2017, está relacionado con la concesión de un préstamo a la empresa concesionaria del servicio de grúas municipal cuando era alcalde de La Laguna el actual presidente del Gobierno de Canarias en funciones, Fernando Clavijo.
El consejero delegado de Muvisa, Juan Ignacio Viciana, ha señalado hoy también en declaraciones ante la jueza por el mismo caso que tras presentar una moción para rescatar el servicio de grúas en 2011, Fernando Clavijo le llamó porque la consideraba “un error”.
Viciana, concejal en el Ayuntamiento de La Laguna aquel año, ha asegurado que Clavijo le señaló que los entonces nuevos propietarios de Auto Grúas Poli no habían tenido tiempo de mejorar su situación.
También ha declarado que se reunió con los trabajadores propietarios de Auto Grúas Poli, quienes le pidieron igualmente que retirase la moción porque acababan de hacerse cargo de la empresa y necesitaban tiempo para enderezar una coyuntura económica “muy complicada”.
El consejero de Muvisa retiró la moción del rescate del servicio “de buena fe, por deferencia”, pero avisó de que volvería a presentarla si, según ha dicho, seguían incumpliendo el pliego de condiciones del contrato (como impagos a los trabajadores, entre otras cuestiones).
Finalmente, volvió a presentar la solicitud del rescate del servicio en noviembre de 2013, pero “el voto del Gobierno” en el pleno del ayuntamiento impidió que prosperara, “mientras la oposición seguía insistiendo en que el rescate era necesario”, ha añadido. “Pocos meses después vendría la intervención del servicio y de la empresa”, ha continuado Viciana. EFE



























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