UGT asegura haber devuelto ayudas por más valor que el cuestionado en Fundescan

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Las Palmas de Gran Canaria.- UGT de Canarias ha devuelto desde 2011 ayudas a las administraciones públicas por un valor superior el que cuestiona en su auto el juez que instruye el presunto desvío de fondos de su antigua fundación Fundescan, según ha defendido este lunes su secretario general, Gustavo Santana.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha procesado por delitos de estafa y fraude en el uso de subvenciones públicas a 26 antiguos cargos de UGT de Canarias, sindicato al que acusa de financiarse con los fondos públicos para formación que recibía su fundación Fundescan.

El juez sostiene que existen indicios de que entre 2006 y 2009 altos miembros de la Ejecutiva de UGT en las islas, entre los que menciona a tres secretarios generales, Carlos Ucha, Alicia Rodríguez y Juan Francisco Fonte, crearon una trama financiera que permitía desviar hacia el sindicato una parte de los fondos que Fundescan recibía del Gobierno canario para impartir cursos de formación.

Gustavo Santana ha reiterado este lunes que los letrados del sindicato consideran que el juez se está equivocando al interpretar la normativa que regulaba en aquellos años las subvenciones para la formación de trabajadores, que permitían a la entidad retener hasta un 15 % para sufragar los costes de gestión de los cursos.

UGT sostiene que eso es lo que ocurrió con Fudescán y que no hay base suficiente para procesar por la vía penal a ninguno de sus antiguos dirigentes, porque se trata de un asunto administrativo por el que además, alega Santana, el sindicato ya ha respondido.

El líder del sindicato en Canarias ha recordado que este mes de enero UGT depositó 1,3 millones de euros en el Juzgado de lo Mercantil que se ocupó del concurso de acreedores de Fundescan, para hacer frente a las obligaciones que le correspondían. "En materia civil, el tema está resuelto por sentencia que homologa un acuerdo (sobre el concurso de acreedores). No existe motivo para enjuiciar por la vía penal cuestiones que eran puramente administrativas", defiende el secretario general de UGT, sindicato al que el juez de instrucción señala como "partícipe a título lucrativo" de la presunta estafa que imputa a los procesados.

Gustavo Santana ha remarcado asimismo que el auto que pone fin a la instrucción del caso Fundescan aún es provisional y su sindicato va a recurrirlo ante la Audiencia de Las Palmas, por lo que ha pedido "prudencia" a la hora de analizar lo ocurrido con esa fundación. EFE

Gilberto Díaz (PSOE) niega haber tenido "nunca" relación con los cursos de Fundescan

Por otro lado, el consejero de Empleo del Cabildo de Gran Canaria, Gilberto Díaz (PSOE), ha defendido este lunes que durante el tiempo que fue secretario regional del área en UGT "nunca" tuvo "ninguna relación ni vinculación" con la fundación Fundescán, ni con los cursos de formación que esta impartía.

Secretario de Empleo de UGT de Canarias de 2005 a 2007, Gilberto Díaz es uno de los 26 antiguos dirigentes del sindicato sobre los que el juez que ha instruido el llamado caso Fundescan observa indicios de que pudo cometer un delito de estafa en relación con la gestión de los fondos públicos destinados a cursos de formación.

En un comunicado, el consejero de Empleo del Cabildo anuncia que este mismo lunes ha recurrido el auto que pone fin a la instrucción del caso y en el que se le atribuye un posible delito continuado de estafa.

"Nunca estuve, ni he tenido relación, ni vinculación con los programas de formación, ni actividad alguna con las subvenciones otorgadas a Fundescán, ni con la entidad Fundescán", asegura.

Díaz subraya que "jamás" intervino en la solicitud de las subvenciones públicas a las que se refiere el juez y "menos aún" tuvo "la más mínima participación sobre la gestión de los fondos transferidos, sobre los cursos realizados y el destino que finalmente se les dio a esos fondos". "Ello es un hecho incontestable y no hay prueba alguna que pueda desvirtuar esta afirmación", remarca.

Gilberto Díaz añade que desde su cargo en la Ejecutiva regional de UGT no tuvo "competencias, ni vinculación, ni actividad, ni relación alguna" con la entidad Fundescán.

Censura, además, que tomando como referencia esta resolución judicial, que no es firme, se ponga en cuestión a personas con actitudes y trayectorias "intachables", algo que considera que, en su caso, le genera un daño "irreparable".