Un juez acusa a UGT Canarias de financiarse con una estafa a fondos de empleo

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Las Palmas de Gran Canaria.- El Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha procesado por delitos de estafa y fraude en el uso de subvenciones públicas a 26 antiguos cargos de UGT de Canarias, sindicato al que acusa de financiarse con los fondos públicos para formación que recibía su fundación Fundescan.

En un auto dictado el 28 de febrero, el juez sostiene que existen indicios de que entre 2006 y 2009 altos miembros de la Ejecutiva de UGT en las islas, entre los que menciona a tres secretarios generales, Carlos Ucha, Alicia Rodríguez y Juan Francisco Fonte, crearon una trama financiera que permitía desviar hacia el sindicato una parte de los fondos que Fundescán recibía del Gobierno de la comunidad autónoma para impartir cursos de formación a trabajadores.

El magistrado apunta directamente a UGT como beneficiaria de la estafa cometida a costa de fondos públicos que atribuye a los 26 investigados y abre la vía para que las acusaciones puedan proceder contra el sindicato en un futuro juicio, al declararlo posible responsable civil subsidiario y partícipe a título lucrativo de los delitos incluidos en este procedimiento penal.

El auto describe varios procedimientos por los que, presuntamente, UGT de Canarias obtenía de esos fondos dinero que destinaba a cubrir gastos del sindicato completamente ajenos a la finalidad para la que habían sido concedidos: formar a trabajadores.

La primera de ellas, relata el juez, consistía en retener para el sindicato una parte de la subvención que recibía del Gobierno de Canarias. Por esa vía, UGT se habría quedado entre 2006 y 2008 con casi 872.000 euros de los ocho millones de euros que la comunidad autónoma concedió a Fundescan para organizar cursos de formación.

La segunda vía de posible financiación de UGT a costa de las subvenciones públicas para formación consistía en el pago por parte de Fundescan al sindicato de una renta por el arrendamiento de su sede "muy superior a un alquiler medio de un local de las mismas características en la misma zona", lo que "obedecía únicamente a que el citado sindicato obtuviera una importante financiación de sus gastos ordinarios a costa de los ingresos de la fundación".

En tercer lugar, el juez observa que Fundescan contrató como asesores a altos cargos de UGT de Canarias en puestos inexistentes y sin que "realmente realizaran ninguna labor por cuenta y beneficio de la fundación". Como beneficiario de ese proceder, el auto cita a Carlos Ucha, secretario general del sindicato entre 1998 y 2005, a quien Fundescan pagaba como asesor 1.200 euros mensuales, a pesar de que este "se limitaba desarrollar actividades sindicales para UGT".

El auto recuerda que Ucha fue despedido de Fundescan en 2007 y parte de los imputados en este procedimiento acordaron que se le abonara una indemnización de 48.000 euros "con el único objeto de beneficiarlo sin causa lícita alguna".

Tras cobrarla, Carlos Ucha fue contratado un año después como director general de Fundescan y "ello aún a careciendo de la titulación, capacitación y experiencia profesional necesarias para desempeñar tal empleo", añade el instructor de la causa.

El juez también subraya que Fundescan no ha devuelto buena parte de las subvenciones que el Servicio Canario de Empleo le ordenó reintegrar a la hacienda autonómica al considerar que no había justificado su gasto en los fines para los que fueron concedidas.

Entre esas subvenciones, menciona una partida de casi 1,10 millones de euros que Fundescan cobró en julio de 2009 para, entre otras cosas, "pagar el 100 % de los costes" del personal que desarrollaba sus planes de formación. Sin embargo, poco después dejó de pagar las nóminas y doce de sus trabajadores la demandaron.

"Estas actuaciones de los querellados provocaron en mayor o menor grado que numerosos trabajadores, empleados y personas que prestaron algún tipo de servicio en la ejecución y desarrollo de los referidos cursos de formación no pudieran cobrar parte de sus retribuciones y que incluso la fundación fuera declarada finalmente en concurso de acreedores por auto de 23 de julio de 2010", destaca el juez.

Este procedimiento se dirigía inicialmente contra 31 personas, pero el magistrado reconoce que parte de los hechos han prescrito.

No obstante, encuentra base para seguir sosteniendo posibles imputaciones por estafa continuada y fraude en el uso de subvenciones públicas contra 26 personas, además de contra UGT como partícipe a título lucrativo de esos delitos.

Entre las 26 procesados figuran personas con cargo público en la actualidad, como el consejero de Empleo del Cabildo de Gran Canaria, Gilberto Díaz (PSOE), acusado de un delito de estafa y otro de fraude; y el concejal de Recursos Humanos y Atención a la Ciudadanía de Adeje (Tenerife), Andrés Pérez Ramos (PSOE), imputado un delito de estafa y tres de fraude. EFE