Desciende el número de menores en riesgo

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Las Palmas de Gran Canaria.- El número de menores en situación de riesgo en las islas se ha reducido, al pasar de 2.957 en 2014 a un total de 2.552 el año pasado, según datos del Informe sobre la situación de la Infancia y la Familia en Canarias.

El informe ha sido elaborado por las dos universidades canarias y coordinado por María José Rodrigo, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación, informa en un comunicado la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

En términos absolutos en Canarias, a finales de 2017 había 405 niños menos en una situación de riesgo que a finales de 2014, lo que es un indicador de que se está trabajando adecuadamente con las familias con dificultades sociales, indica Carmen Morales, directora general de Protección a la Infancia y la Familia.

Por islas, y según el último dato del Informe, en Lanzarote hay 87 menores en riegos; en Fuerteventura, 227; en Gran Canaria, 963; en El Hierro, 12; en La Gomera, 17; en La Palma, 165 y en Tenerife 1.081.

La protección al riesgo es una competencia municipal financiada por el Gobierno de Canarias y en la actualidad hay 78 equipos municipales especializados en todo el Archipiélago, “ya que algunos municipios están mancomunados por su escasa población infanto-juvenil”, apunta Morales.

La directora general valora la labor de los ayuntamientos que va desde la investigación y la verificación de las situaciones familiares, la elaboración de un diagnóstico especializado, las propuestas de medidas de prevención o los proyectos de intervención familiar, siempre en coordinación con la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia.

Los equipos municipales especializado en infancia y familia son un recurso básico de los servicios sociales comunitarios en los que, diferentes profesionales detectan los problemas, las carencias o las dificultades por las que atraviesan las familias que pueden afectar a los menores que viven en ellas y buscan los recursos necesarios para que puedan afrontar su situación de vida con garantías, explica Morales.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ha destinado este año un total de 5.134.870 euros entre los municipios para la protección del riesgo, conforme a la distribución incluida en el protocolo de acuerdo marco firmado entre la Consejería y la Federación Canaria de Municipios.

Según la actual Ley de Protección Integral del Menor se considera que un menor se encuentra en situación de riesgo cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia.

Corresponde a los municipios detectar situaciones de riesgo para los menores, en coordinación con los centros y unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial.

Se trata de un recurso preventivo prioritario en el que se establecen programas de apoyo a la familia, destinados a cubrir las necesidades básicas de los menores y mejorar su entorno familiar, con el objeto de garantizar su derecho a permanecer en el mismo en condiciones que permitan su desarrollo integral, continúa la directora general.

El apoyo a la familia se desarrolla mediante la orientación técnica, la educación y planificación familiar, la ayuda a domicilio, la atención de los menores en escuelas infantiles y cualesquiera otras medidas y actuaciones que contribuyan a la formación de quienes ejerzan funciones parentales y al desarrollo integral de los menores.