El mismo Juzgado que paró el concurso de RTVC permite que siga el negociado

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Santa Cruz de Tenerife (Efe).- El mismo Juzgado de lo Contencioso Administrativo que suspendió cautelarmente el concurso de adjudicación de los servicios informativos de Radiotelevisión Canaria (RTVC) ha decidido que esa licitación puede continuar como procedimiento negociado, al menos hasta que escuche a las partes.

Las dos decisiones han sido emitidas formalmente por el mismo Juzgado de Santa Cruz de Tenerife, el de lo Contencioso Administrativo número 1, pero por diferentes magistrados: el auto relativo al concurso lo firma Francisco Úbeda y el del negociado, Jorge Riestra, como sustituto temporal de su colega de profesión.

En el primero, el juez Úbeda argumentaba que resultaba "clamoroso" que el concurso de adjudicación de los informativos de RTVC para los próximos ocho años (un contrato de 144 millones de euros de presupuesto) había sido convocado por alguien sin competencias para ello, el presidente de RTVC, Santiago Negrín.

Este juez defendía que resultaba "evidente" que la Ley de RTVC reserva la convocatoria de ese tipo de contratos, por su cuantía y duración, al Consejo Rector del ente público, no a su presidente.

Sin embargo, el concurso suspendido en esa primer resolución judicial había sido ya declarado desierto hacía días por RTVC, que optó por sustituirlo por un procedimiento negociado sin publicidad en el que están invitados a participar los tres grupos empresariales que han presentado ofertas hasta este momento: Videoreport (empresa participada por Canarias 7), Nuntium TV (que reúne la oferta del grupo Prisa y Editorial Prensa Ibérica; editor de La Provincia y La Opinión de Tenerife) y Liquid Media (de Mediapro).

La actual adjudicataria de los informativos, Videoreport, también pidió una medida cautelar aún más urgente sobre ese procedimiento negociado, que es la que resuelve ahora el juez Jorge Riestra.

Este magistrado entiende que no se dan las razones de urgencia exigidas por la ley para atender la petición de Videoreport sin ni siquiera escuchar antes a las empresas en litigio, por lo que decide tramitar esa solicitud de medidas cautelares por el procedimiento ordinario, dando diez díaz a los interesados para que expresen sus argumentos a favor y en contra de la suspensión del negociado.

Sin embargo, ya adelanta que observa un problema de competencias: este magistrado entiende que el órgano que debería resolver este litigio en primera instancia no son los juzgados de lo Contencioso, sino el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias.

Además, entiende que ya no corresponde decidir en este trámite de medidas cautelares sobre el concurso, porque este ha sido declarado desierto y ello "imposibilita continuar el procedimiento".

A su juicio, el asunto en litigio ahora es el nuevo procedimiento de licitación y sus pliegos de condiciones.

Por ello, pide al Ministerio Fiscal que se pronuncie respecto de todas estas cuestiones y da diez días al resto de partes para que expongan sus alegaciones sobre la petición de Videoreport para que se suspenda cautelarmente el procedimiento negociado.