Un recurso de apelación retrasa el juicio contra 10 guardias civiles acusados de hacer sobornos en Gando

TELDEACTUALIDAD

Telde.- El juicio contra los diez guardias civiles acusados de sobornar a pasajeros en el Aeropuerto de Gran Canaria a cambio de dejarles entrar grandes cantidades de dinero o mercancías sin declararlas tendrá que esperar, en el mejor de los casos, unas cuantas semanas más. La fiscal Teseida García presentó su escrito de calificaciones, en el que llega a pedir penas de hasta 18 años de cárcel para alguno de los agentes, hace ya más de un año, pero la interposición de un recurso de apelación ha impedido que todavía se haya fijado la fecha para la vista oral.

Según datos captados esta semana por TELDEACTUALIDAD, el plenario tendrá que celebrarse con un jurado popular en la sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y bajo la presidencia del magistrado Secundino Alemán. El caso, que arrancó en 2008, supuso en su momento el desmantelamiento de buena parte de la Unidad de Aduanas de la Guardia Civil en Gando, un lugar donde las 'mordidas' a empresarios árabes y hasta asiáticos se habían convertido en habituales a tenor de la investigación desarrollada. Tal como consta en el sumario, al que ha accedido este medio, los agentes solicitaban a determinados pasajeros el pago de sobornos y prebendas “para café”. La acusación se dirige contra otro un guardia civil más, el que haría el número 11 y al que se acusa de haber sustraído varios relojes requisados temporalmente a una pasajera para comprobar si ocultaban drogas.

El escrito de García, fechado en octubre de 2014, revela que la trama se descubrió a raíz de la denuncia presentada ante la propia Guardia Civil el 31 de enero de 2008 por un ciudadano extranjero que se quejó de que al desembarcar de un vuelo de El Aaiun un guardia civil del aeropuerto le había exigido la entrega de 2.000 euros para pasar el control fronterizo haciendo lo que popularmente se conoce como la 'vista gorda'. Este ciudadano reconoció en su denuncia que traía consigo 30.000 euros (una cantidad de declaración obligatoria) y que se avino, bajo amenazas, a pagar al funcionario 1.500 euros, sin que los otros tres miembros del cuerpo que presenciaron los hechos hicieran nada por evitarlo. La revelación de esos hechos le valió a este ciudadano que el instructor del caso le eximiera del delito de cohecho.

A raíz de esta denuncia, el titular del entonces Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Telde autorizó a colocar una cámara oculta de vídeo en la Unidad Fiscal de la Guardia Civil del Aeropuerto. El dispositivo captó numerosos casos más similares entre junio y agosto de 2008. La representante del Ministerio Público entiende que esos vídeos y las escuchas telefónicas realizadas a los implicados ponen de manifiesto que en el control fronterizo de Gando había una decena de guardias civiles que intimidaban a los viajeros llegados fundamentalmente de Marruecos, el Sahara Occidental y Mauritania para conseguir sobornos a cambio de no cumplir con sus obligaciones.

Generalmente se exigía a los extranjeros que llegaban con importantes cantidades en efectivo una dádiva "para el café", a cambio de no contarles el dinero que portaban. Pero la trama dio también para alguna que otra situación pintoresca, como cuando un súbdito coreano, el señor Cho, tuvo que regalar una caja de pulpos a uno de los guardias civiles tras bajarse de un vuelo procedente de Dakar. Los presuntos hechos delictivos dieron para mucho más: las cantidades ante las que estos agentes no cumplieron su obligación de fiscalización llegaron a superar el medio millón de viajeros. Por tales hechos, la fiscal los acusa de la presunta comisión de los delitos de amenazas, cohecho y falsedad en documento público. Las penas oscilan entre los dos años de inhabilitación profesional y multa, en el caso más leve, y los 18 años de cárcel, en el más grave.

En concreto, la acusación pública pide 18 años de cárcel para Juan José P.M. y José Santiago A.S., nueve años para Miguel M.O. y seis años para José Antonio B.C., Eladio L.C. y José Manuel S.P., en todos los casos por cohecho y falsedad; así como tres años de prisión para Salvador E.M. y Alfonso R.P., por amenazas. Además, los guardias Luis Manuel Q.M. y José Manuel R.G. se enfrentan a una posible inhabilitación para ejercer empleos o cargos públicos durante dos años por un delito de cohecho, y su compañero José Luis S.C. a una multa de 300 euros por una falta de hurto. Asimismo, García también interesa condenas por cohecho para seis viajeros que se prestaron a pagar ese tipo de sobornos a los acusados: dos años de cárcel para Chan I.C., un año y nueve meses para Achbick H. y un año para Yamila C., Mahjob A.B., Chiaa O.C. y Salem A.A.

Otro episodio similar en el Aeropuerto Pablo Ruiz Picasso de Málaga

El caso guarda gran similitud con uno que se ha venido desarrollando hace también unos años en la Costa del Sol. Y es que en el Aeropuerto de Málaga, con un tráfico de pasajeros ligeramente mayor al que registra el aeródromo grancanario, otros 14 agentes de la Benemérita se vieron imputados y finalmente condenados por varios delitos de cohecho cometidos al extorsionar a turistas para dejarles pasar determinadas pertenencias. El pleito se finiquitó hace cinco meses, cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) desestimó los recursos de casación interpuestos por los encartados, según recogió la periodista malagueña Marta Sánchez Esparza en el diario El Mundo.

Allí también fue clave la utilización de dos cámaras ocultas -una sobre la cinta de equipajes y otra en una oficina- y las testificales practicadas. La Audiencia Provincial de Málaga los condenó, finalmente, a 44 años y tres meses de suspensión. Un ciudadano chino que participó en el abono de las dádivas tuvo que abonar una multa de 129 euros. Tres de los agentes, por último, resultaron absueltos.