Panamá juzga a tres jóvenes que mataron al empresario teldense José Antonio Perdomo

Telde.- Los tres detenidos por el brutal crimen del empresario grancanario José Antonio Perdomo –marido de Laly Sánchez, exconcejala de Ciuca en el Ayuntamiento de Telde– y de su amigo, el empresario tienrfeño de origen alemán Miguel Heinrich Untiedt, en Panamá serán juzgados el 6 de abril.

 

Los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia de la corte panameña prevén comenzar el plenario en el que se decidirá si los imputados fueron o no los autores de la muerte a machetazos de aquellos, según se detalla en una información de la edición impresa  del periódico La Opinión de Tenerife.

 

Si no hay retrasos de última hora, el caso llegará a los tribunales casi dos años y medio después del doble asesinato que conmocionó a la sociedad grancanaria por su crudeza y por el que fueron arrestados los ciudadanos panameños Luis Alfredo Ramos Tenorio, Emergildo Prestán Mogoruza y René Olivier Antioco Ovalle.

 

Estos, con sus identidades hasta ahora desconocidas y a las que ha accedido este periódico en fuentes del sistema judicial de aquel país, están acusados de la presunta comisión de delitos contra la vida y la integridad personal (homicidio doloso) y contra el patrimonio económico (robo) y han permanecido a lo largo de dos estos dos últimos años confinados en el Penal de Nueva Esperanza (Colón), tras haber sido interrogados previamente en la penitenciaría de la localidad de Portobelo, cerca de Caño Ciego, el lugar en el que se encuentra la finca de Miguel Untiedt, donde ocurrieron los hechos.

 

A falta de que trascienda el contenido del escrito de acusaciones del ministerio público –en lo que el país americano se conoce como vista fical– los tres encartados podrían enfrentarse a una solicitud inicial de una pena de 30 años de cárcel por los crímenes. El código penal panameño, de 2008, estipula que las penas para la comisión de las distintas modalidades de homicidio –entre las que se hallan las muertes con ensañamiento e incluso aquellas que tienen como finalidad el extraer órganos vitales– pueden castigarse con hasta 50 años de prisión.

 

En el caso de Perdomo y Untiedt, lo más probable es que para los encartados, contra los que se formularon cargos a los pocos días de producirse el ataque, se exija una estancia en un penal próximo a los 30 años dadas las atrocidades supuestamente cometidas.