Compradores de Hoya Pozuelo niegan conocer ante el juez que pesara una orden de derribo de sus casas

Telde.- Dos de los compradores de las viviendas de Hoya Pozuelo, en Telde, han afirmado hoy ante la Audiencia de Las Palmas que reclamaron al empresario Jaime Cortezo la devolución de su dinero al enterarse que estaban afectadas por una orden de derribo, pero verbalmente, no por escrito.

 

En el juicio que se sigue en la Ciudad de la Justicia contra Cortezo, su mujer, Elena del Castillo, y la contable Juana Rosa Fuentes, estos dos querellantes han afirmado que el empresario se ofreció a devolverles el dinero, pero nunca lo hizo.

 

Ambos, María del Carmen Henríquez y Santiago Valido, han coincidido en alegar que conocieron por la prensa, en marzo de 2000, el expediente iniciado por la Agencia Canaria de Protección al Medio Urbano y Natural por estar situadas sus viviendas en la zona de dominio público marítimo terrestre.

 

Henríquez ha asegurado que su vida ha sido "una pesadilla" desde entonces y que no conoce a ningún afectado por la orden de demolición al que le haya devuelto el dinero Cortezo, quien decía que las casas "tenían todas las bendiciones y que el problema se solucionaría pronto".

 

Esta testigo ha negado que Cortezo le dijera que el banco con el que firmó el préstamo hipotecario estaba dispuesto a retrotraer la operación para la compra de la casa.

 

Tanto ella como Valido han afirmado que adquirieron las viviendas antes de que se notificara el expediente de demolición, a finales del mes de febrero de 2000.

 

En esta sesión del juicio, también ha declarado la periodista Laly Sánchez, socia y amiga entonces de Cortezo, quien ha explicado que cuando compró su casa de Hoya de Pozuelo, en noviembre de 2000, meses después de que apareciera la noticia del expediente de demolición en un periódico, el empresario le indicó que todo se debía a una maniobra de "persecución política".

 

Sánchez ha explicado que no contrastó la información porque tenía "absoluta confianza" en Cortezo y porque, como periodista, sabe que, a veces, las noticias responden a determinados intereses y, en este caso, ha dicho que el asunto coincidió con una campaña en contra de un socio del acusado, el entonces político Luis Hernández.

 

Así mismo, ha asegurado que fue en mayo de 2006 cuando se enteró de la orden de derribo que afectaba a su casa porque un trabajador de la Agencia le llevó la notificación, que figuraba a nombre de la acusada Elena del Castillo, pese a que la vivienda no estaba registrada así en el Registro de la Propiedad.

 

En esta segunda sesión del juicio también ha declarado Victoria González, quien ha dicho que actuó como apoderada en la mayoría de las compraventas de las viviendas de Hoya de Pozuelo y ha explicado que Cortezo ofreció la devolución del dinero a las personas que adquirieron esas casas antes de conocerse el expediente de derribo.

 

Los que compraron después, según González, conocían la situación de las viviendas porque se les informó, si bien ha reconocido que puede que al querellante y propietario Julián Téllez, le pudo informar de forma incorrecta porque no sabía que había una sentencia contraria a los intereses de Cortezo.

 

González ha explicado que en las escrituras de estas viviendas no se aclaró que estaban afectadas por una orden de demolición porque "todo el mundo lo sabía", y ha dicho no recordar si el notario con el que se firmaban era socio de Cortezo.

 

Así mismo, González ha sostenido que las viviendas afectadas por la orden de demolición fueron las últimas que se entregaron de esa promoción y que se retrasó su entrega por las reformas solicitadas por los compradores.

 

González también ha exculpado a la esposa de Cortezo y a la contable, pues ha dicho que la primera no tenía que ver nada con la compraventa de las viviendas y la segunda actuó por "azar" como apoderada del empresario en una sola operación.

 

El juicio continuará mañana con la declaración de nuevos testigos en la causa.