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Telde.- El juicio por desahucio contra una vecina de La Herradura, Begoña Pérez, y sus tres hijas, todos ellas menores de edad (16, 13 y 11 años), que estaba convocado para este lunes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Telde se suspendió por no haber sido notificado el procurador de la defensa.
La denuncia parte de sus padres que quieren recuperar el inmueble del que son titulares. La nueva vista oral se celebrará el próximo miércoles 28 de enero. Miembros de Telde Responde y de otras plataformas ciudadanas se concentraron a las puertas del Juzgado para acompañar a la familia de Pérez en estos “duros momentos”.
Los padres de la afectada le reclaman 50.000 euros en concepto de alquiler de la vivienda que ha habitado durante los últimos 7 años, mientras que ella asegura que sus progenitores le cedieron el inmueble ante la imposibilidad de poder costearse un piso.
Begoña Pérez asegurá a los medios que ella no percibe pensión ni dispone de medios económicos para soportar el pago del alquiler de una vivienda. En este sentido, añadió que sólo recibe 220 euros al mes en concepto de ayuda alimenticia.
Tanto al Asamblea de Parados Apaga y Vámonos, como la plataforma vecinal Telde Responde, acompañaron a Begoña a las puertas de las dependencias judiciales del municipio, donde mostraron carteles como rechazo a la ley de seguridad ciudadana, también denominada como ‘ley mordaza’.
Según publica CanariasAhora.com, ell portavoz de la Asamblea, Armando Suárez, insta al Ayuntamiento de Telde a reaccionar ante este conflicto y mantiene que “lo que no puede hacer es desligarse tan fácilmente, porque hay artículos constitucionales que exigen un domicilio digno para la población”. A juicio de Suárez, el Consistorio debe aplicar una política integral en Vivienda, para que los ciudadanos puedan acceder a las mismas.
Al respecto, precisa que el colectivo mantiene un acuerdo verbal con la Consejería del área del Gobierno de Canarias, que dirige Inés Rojas, por lo que intentarán incluir a la afectada en una lista de viviendas especiales que la Administración regional ha pactado otorgar a través de la obra social de Bankia. “En la última reunión que mantuvimos me dijeron que tenían 50 viviendas repartidas por toda la Isla para este tipo de casos”, apostilla.
Algo que contrasta con la elevada cantidad de peticiones que dice trasladar y que cifra en “decenas” que provienen tan solo de Telde. “A final de mes tenemos una reunión con la consejera en la que expondremos tanto el caso de Begoña, como otros, para que se empiece a dar libertad ya a estas casas”.
El Ayuntamiento "no ha cumplido"
Por su parte, también en declaracines recogidas por CanariasAhora.com, el portavoz de Telde Responde, Arístides Rodríguez, recuerda que la alcaldesa, María del Carmen Castellano, aseguró que en el municipio no existirían más desahucios por motivos económicos e hizo referencia a unas casas sociales que iban a ser cedidas a las personas que fueran expulsadas de sus hogares. “Hasta el día de hoy eso no se ha cumplido, en Telde se sigue desahuciando a la gente y arrojándolos a la calle, lo único que aporta el Ayuntamiento, en algunos casos, es un contrato de un convenio de cuatro meses, lo que no soluciona los problemas familiares de nadie”, apostilla.
Rodríguez manifiesta que los Servicios Sociales municipales no cuentan desde hace años con recursos alimentarios y desvía a los solicitantes de ayuda a la red de solidaridad popular de Jinámar, que son “personas que se han asociado y que solucionan sus problemas”.
Desde el Ayuntamiento no confirman si tienen o no conocimiento del caso de Begoña y remiten a la Consejería regional de Vivienda todo lo relacionado con este aspecto, ya que según dicen, no todos estos casos llegan a los Servicios Sociales municipales.
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