Tres personas se sientan desde este lunes en el banquillo por la presunta estafa de Hoya Pozuelo

Telde.- Jaime Cortezo Massieu, J. R. F. S. y Elena Castillo Machado se sientan en el banquillo de los acusados desde el próximo lunes por la presunta estafa en la urbanización de Hoya Pozuelo. La Sección Sexta de la Audiencia Provincia de Las Palmas ha estipulado nueve sesiones para este juicio que se extenderá hasta el 4 de febrero.

 

En concreto, las vistas tendrán lugar los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de enero, además del 2, 3 y 4 de febrero.

 

La Justicia deberá dilucidar si el promotor Jaime Cortezo, su esposa y la apoderada de una de sus sociedades cometieron estafa en la venta de los dúplex de Hoya Pozuelo en Telde. El fiscal no ve delito, pero tres grupos de compradores piden en total más de 10 años de cárcel. 

 

Los querellantes, representados por dos letrados diferentes, piden ocho años de prisión para Jaime Cortezo y cuatro años para la apoderada de una de sus empresas, también acusada, J. R. F. S., mientras que el otro grupo solicita diez años de prisión para el promotor y también para su esposa, Elena del Castillo Machado, por el delito de estafa continuada, otros cuatro años a cada uno por falsedad documental y otros años por alzamiento de bienes.

 

Los propietarios de viviendas de esta promoción, que tiene orden de derribo, acusan a Cortezo de haberles vendido esas viviendas ocultándoles que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) de Canarias les había abierto un expediente por infracción urbanística, porque invadía la franja de servidumbre establecida por la Ley de Costas. 

 

Los presuntos perjudicados demandan penas de prisión que, en el caso del empresario y de su esposa, llegan a los 17 años y medio de cárcel, además de importantes indemnizaciones. La gran baza con la que cuentan los acusados es la postura del Ministerio Fiscal, que entiende que no cabe hablar de delito alguno y pide su libre absolución, al menos en sus conclusiones provisionales. Afirma que los propietarios adquirieron las viviendas a sabiendas de que estaban sometidas a un expediente sancionador.

 

 

La vista se iba a iniciar en abril de 2013, pero el día previsto se suspendió porque la Sala admitió la petición de las acusaciones particulares para que la causa se devolviera al juzgado instructor con el fin de que se valorase la posible imputación de la Apmun, de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Telde. El 29 de octubre de 2013, el Juzgado emitió un auto rechazado la petición y exonerando de toda responsabilidad en el caso a las tres administraciones citadas, con lo que el proceso, un año y ocho meses después, vuelve a juicio oral sin variación en sus dimensiones.