37 años después del atentado

Telde.- Treinta y siete años después de la bomba colocada por el Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (Mpaiac) en el aeropuerto de Gran Canaria y al segundo intento, el Ministerio de Interior ha reconocido ahora a la florista Marcelina Sánchez Amador como víctima del terrorismo. En una resolución del pasado 9 de diciembre el Gobierno la condecora con la encomienda al mérito civil y aprueba una indemnización extraordinaria para su marido de cien mil euros.

 

Es el punto y final a una historia que se inició el 27 de marzo de 1977 cuando junto a la floristería donde estaba empleada Sánchez explosionó la bomba colocada por la banda armada que dirigía Antonio Cubillo. Las secuelas del artefacto le impidieron volver a caminar y provocaron recurrentes ingresos hospitalarios e intervenciones quirúrgicas hasta su defunción en julio de 1993, a los 41 años. Dejó marido –Manuel González Amador– y dos hijos que entonces contaban con 18 y 12 años, según publica en su edición de este martes el periódico La Opinión de Tenerife.

 

Ese atentado, además de las ocho víctimas de diversa consideración que causó en Gando, provocó también, tal y como ratificó el Tribunal Supremo en enero del pasado año, el accidente aéreo con mayor número de víctimas mortales registrado hasta la fecha en el mundo. El cierre del aeropuerto por la amenaza de una segunda bomba, que nunca apareció, motivó el desvió a Los Rodeos, en Tenerife, de un avión de KLM procedente de Amsterdam y otro de Pan Am que volaba desde el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York hacia Gran Canaria. El mal tiempo y la congestión de la única pista del aeródromo acabó con el choque de los dos aviones y la muerte de 583 personas.

 

La resolución de Interior corrige una decisión de junio de 2001, siendo presidente del Gobierno José María Aznar, que negaba a Manuel González la consideración para su esposa como víctima del terrorismo porque su fallecimiento se "produjo por causas ajenas a la lesiones producidas por el atentado". De la misma forma, descartaba una indemnización pese a que sí reconocía que las heridas la incapacitaron "para todo trabajo que la obligase a permanecer de pie" y recomendaba que se considerara para ella una invalidez permanente "cuyo grado debe ser valorado por el tribunal correspondiente".

 

Marcelina Sánchez, pese a la resolución de Interior, y como admite hoy el propio Ministerio y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), "no fue reconocida por tribunal médico alguno".

 

En 2013, dos años después de que entrara en vigor la ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) asumió la demanda de Manuel González y reclamó de nuevo el reconocimiento de Marcelina Sánchez.

 

En la resolución firmada el pasado mes por la directora general de Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos Piñeiro, se considera probado que la florista resultó dañada por la banda armada y permite resarcir con ayudas económicas a quienes convivieron con ella "para paliar situaciones de necesidad personal o familiar plena o insuficientemente cubiertas". La indemnización extraordinaria que se otorga es la mínima prevista por la norma y, como ocurre en los grandes siniestros, se establece en función del baremo acordado para las víctimas de accidentes del tráfico.

 

Lucía Jiménez, presidenta de Acavite, demandó ayer "por paupérrima" la reforma de la ley en este punto y recordó que en Canarias son más de 300 las afectados directos por secuestros, asesinatos, heridos o desaparecidos a manos del Mpaiac, ETA o el Frente Polisario. El Gobierno del Estado ha reconocido ya a 150 víctimas y para otras 289 Acavite ha reclamado desde 2012 ante la Audiencia Nacional que actúe de oficio para aclarar pruebas que les permitan alcanzar también esa consideración.

 

Fuente: La Opinión de Tenerife.