TELDEACTUALIDAD
Telde.- El fiscal pide para un policía local de Telde una pena total de siete años de cárcel por un delito de estafa y otro de falsedad en documento oficial en su labor como agente municipal. M. C. y otras dos personas se sientan este jueves en el banquillo durante la vista oral que celebra la Sección Sexta de la Audiencia Provincia de Las Palmas.
Según especifica el escrito de acusaciones el funcionario municipal junto a una mujer, M.P.Q. C., administran una empresa de asesores. En marzo de 2005 se dirigen a la entidad dos féminas, de nacionalidad venezolana, con la intención de regular su situación en España. Ambos acusados, con “el ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial”, cobran a las perjudicadas la suma de 1.850 euros, a cambio de llevar a cabo los trámites necesarios para su regularización.
“En todo momento los acusados eran conscientes de la imposibilidad de las mismas a acogerse a la normalización pretendida, puesto que conocían el hecho que de que se encontraban en España desde el 10 de marzo de 2005, siendo uno de los requisitos para acceder a dicha normalización, el justificar legalmente la residencia en este país desde fecha anterior el mes de agosto de 2004”, explica el representante del Ministerio Público.
Por ello, según relata el escrito, los dos acusados confeccionaron unos contratos de trabajo a nombre de las extranjeras con fecha de 5 de mayo de 2005 para ser incorporados al expediente. Además, debía constar un certificado que demostrara que se encontraban en España antes de agosto de 2004. Como esta situación no era así, el agente, encargado de la Sección de Informes de la Policía Local de Telde, elabora un certificado de convivencia que afirmaba, de forma falsa, que ambas mujeres residían en el municipio antes de la fecha requerida. Documento que fue incorporado al expediente administrativo y presentado en la Subdelegación del Gobierno en Canarias.
Según continúa relatando el fiscal, el acusado M. C. volvió a contactar con las mujeres para facilitarle que un médico pudiera certificar, mediante algún papel, que estaban en el país antes de agosto de 2004. El tercer acusado, médico de una clínica privada, confecciona dos recetas a nombre de las denunciantes, “simulando” que fueron atenidas en abril de 2004. Estos documentos también pasaron a formar parte del expediente para regularizar su situación en el país.
Finalmente, al ser rechazada la solicitud de nacionalidad, los acusados devolvieron el dinero a las mujeres, pero sólo 1.250 euros de los 1.850 entregados inicialmente.
Al policía local y a la acusada se les imputa un delito de estafa. Mientras que al agente se le suma otro de falsedad en documento oficial, mismo delito que presuntamente cometió el médico.
Por ello M. C. N. se enfrenta a una pena de dos años de prisión por un delito de estafa y otros cinco años, multa de 20 meses con una cuota diaria de 10 euros y 4 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por el delito de falsedad en documento oficial.
La acusada se enfrenta a dos años de cárcel por el delito de estafa, mientras que el médico podría tener una condena de 1 año de prisión y multa de 10 meses con una cuota diaria de 6 euros por falsedad.
Tanto el agente como la acusada deberán indemnizar a las dos mujeres presuntamente estafadas en la cantidad de 600 euros.
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