La fiscal pide la absolución de tres detenidos por el desahucio en Jinámar y al cuarto una multa

Telde.- Los cuatro detenidos por el desahucio en Jinámar el pasado miércoles ya pueden respirar más tranquilos. La fiscal, Inés Herreros, ha pedido la absolución de tres de ellos, incluida la residente en la vivienda; mientras que para el cuarto ha solicitado una pena mínima. Una multa de seis euros diarios durante 12 días por resistencia.

 

Ahora habrá que esperar la decisión de la jueza Virginia Peña, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, que se dará a conocer el próximo 12 de noviembre. La abogada defensora ha pedido el archivo de la causa también para la cuarta persona, o en su defecto una multa de 3 euros durante diez días.

  

Al salir del juicio de faltas los cuatro y la letrada, Concepción González, han mostrado su alegría por esta decisión de la representante del Ministerio Público, que hizo una activa defensa del derecho a la resistencia pasiva.

 

Los activistas destacaron el trabajo de la abogada, pero también la posición de la fiscal. Agradecieron también el apoyo de los compañeros y advirtieron que la lucha continúa porque hay más gente en esta situación por lo que “no vamos a cejar en nuestro empeño”.

 

La mujer desahuciada sostuvo que está satisfecha por el juicio y que ahora toca seguir luchando por una vivienda digna tras el desahucio.

 

Según ha relatado a TELDEACTUALIDAD Arístides Rodríguez, portavoz de Telde Responde, la representante del Ministerio Público consideró desproporcionado el operativo policial que se desplegó el pasado miércoles en la urbanización Eucaliptus I para un alzamiento judicial contra una mujer y su hijo menor de edad. 

 

Además, entiende que la resistencia pasiva no es considerada una falta ni un delito, sino que es una acción popular para proteger el derecho a la vivienda. Hizo hincapié en que los movimientos sociales recibieron el premio Sájarow por la resistencia pasiva contra los desahucios.

 

El único que podría ser condenado está acusado de dar patadas a la policía durante su resistencia, algo que niega que fuera intencionada sino fruto del forcejeo para no caerse al suelo.

 

La abogada mostró su sorpresa por la posición del fiscal ya que no todos opinan de esta forma.

 

A la vista oral acudieron ocho de los nueve policías nacionales que estaban citados, quienes ratificaron su denuncia. 

 

En este sentido, la Fiscalía sostuvo que no hubo intención de agredir a los agentes, sino que este tipo de resistencia para evitar un desahucio es una práctica cada vez más habitual en nuestro país. 

 

Tal y como publicó esta mañana TELDEACTUALIDAD, había una gran expectación en los juzgados de Telde ante la celebración del juicio. Pero también un gran despliegue policial con la presencia de tres furgones y más de una decena de efectivos. 

 

Las cuatro personas que fueron detenidas el pasado miércoles se habían resistido a abandonar la vivienda tras la llegada de la comisión judicial para proceder al alzamiento. Se habían esposado a los barrotes de las ventanas y salieron de la casa obligados por la Policía que los trasladó a Comisaría durante varias horas.

 

La situación que se vivió hace dos días en la urbanización Eucaliptos I del Valle de Jinámar fue muy convulsa. Una gran cantidad de personas y medios de comunicación se concentraron en el inmueble incluido varios integrantes de plataformas ciudadanas que mostraban su apoyo a la mujer que finalmente fue desahuciada.

  

Una problema familiar y el posterior cambio de titularidad de la vivienda, en el número 11 de la calle Tamara, han abocado a M.M. y su hijo, menor de edad, a este desalojo. El alzamiento judicial los ha dejado en la calle, sin capacidad económica para hacer frente a un alquiler, defendían las plataformas ciudadanas. 

 

M.M., desempleada de larga duración, conseguía hace tan solo unos días un contrato por cuatro meses gracias al Plan de Empleo Social. Sin embargo, su futuro laboral y, por tanto, la economía familiar volverá a ser incierta una vez finalice el convenio suscrito entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Telde. Por ello las plataformas ciudadanas piden ayuda de las administraciones.