Visocan paraliza los desahucios en Jinámar y sustituye los alquileres por servicios a la comunidad

Telde.- Visocan ha decidido paralizar este jueves hasta un total de 17 desahucios de viviendas sociales, varias de ellas en el barrio de Jinámar. Así lo anuncia Telde Responde, que asegura que el Gobierno de Canarias tiene previsto sustituir el pago de alquileres para las familias sin recursos por servicios a la comunidad.

 

La consejera de Vivienda, Inés Rojas, acuerda además poner en marcha un protocolo que tendrá redactado en el plazo de un mes para evitar que familias sin empleo ni posibilidades económicas se queden en la calle.

 

La Red de Solidaridad Popular (RSP) de Jinámar, junto a Stop Desahucios y otras plataformas vecinales como Telde Responde se manifestaron este jueves desde las diez de la mañana delante de la Dirección General de la Vivienda, situada en el edificio de Servicios Múltiples II, en Las Palmas de Gran Canaria.

 

El objetivo de esta protesta, a la que también acudieron políticos como la consejera socialista Isabel Guerra, era el de exigir al Gobierno de Canarias que paralicen los ocho desahucios administrativos en Jinámar, dirigidos contra familias que habitan una vivienda social y que no pueden hacer frente al pago de las cuotas comunitarias por haberse quedado sin empleo y sin ingresos.

 

Para la RSP no tiene sentido alguno estos expedientes de desahucio, cuando el responsable de los mismos, el Gobierno de Canarias, incumple sus obligaciones en protección social, para con los afectados, empobrecidos por la crisis económica. Sostiene que los expedientes de desahucio que ha enviado el Instituto Canario de la Vivienda a los perjudicados, suponen una amenaza más a sus condiciones de vida precarias y hace presagiar otro atentado más contra sus derechos constitucionales, (sin trabajo, sin ingresos, sin ayudas sociales y advertencia de que se van a quedar sin techo).

 

Estos anuncios de desahucio, contradicen las reiteradas manifestaciones de la Consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias quien ha dicho que “…no desahuciará a ninguna familia por motivos estrictamente económicos”.

 

La Red de Solidaridad Popular entiende que es una grave irresponsabilidad que quien tiene las competencias para garantizar los derechos sociales a los ciudadanos, no solo no sea incapaz de hacerlo, sino que atente contra la principal protección de las familias, su hogar.

  

La RSP le pide la consejera Inés Rojas que retire todos los expedientes de desahucios administrativos, para todas aquellas personas que acrediten no disponer de ingresos suficientes para hacer frente a las deudas con la comunidad y con la Dirección General de la Vivienda. Afirma que hay cientos de personas afectadas por estos expedientes de desahucio administrativos en las distintas promociones de viviendas sociales, en toda Canarias.