TELDEACTUALIDAD
Telde.- El actual presidente de La Fraternidad, Jesús Cabrera Gil, quien tomó posesión del cargo a principios de año tras ganar de forma abrumadora las últimas
elecciones celebradas en el centro recreativo y cultural de Los Llanos de Telde, ha pedido la dimisión de los cuatro miembros de su equipo directivo, entre ellos el vicepresidente José González Rocha (Pepe Rocha), implicados en “incumplimientos graves” en sus funciones durante el mandato anterior (2012-2013), según reza en una reciente sentencia judicial.
Cabrera avanzó a TELDEACTUALIDAD que anoche reclamó la renuncia a los cargos que ostentan a Pepe Rocha (vicepresidente), Agustín Martín (bibliotecario), Orlando Pérez (interventor) y Diego Artiles (vocal), tras conocerse la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde que les acusa de graves incumplimiento de los estatutos de la entidad recreativa y cultural fundada en 1922, a raíz de la denuncia presentada por el socio que regenta actualmente la cantina de la entidad.
Según explicó Cabrera, la sentencia de fecha 7 de febrero, dictada por la magistrada Sonia Gozálvez Castillo, concluye que el entonces presidente (hoy vicepresidente), José González Rocha, y su equipo directiva “incumplieron gravemente” los estatutos de La Fraternidad, así como las normativas canaria y estatal de Asociaciones “al no convocar la asamblea general de socios” para la aprobación de las cuentas de los ejercicios de 2010 y 2011.
El presidente aseguró que si los integrantes de su junta directiva a los que ha pedido dimisión no cumplimentan su petición en un tiempo razonable convocara una junta general extraordinaria para que sean los socios los que le reclamen su renuncia. Esta asamblea se convocaría en un plazo breve respondiendo a lo que determinan los estatutos de La Fraternidad.
Cabrera dejó claro que él no está dispuesto compartir la dirección de La Fraternidad con personas que han incumplido la norma que regula el funcionamiento de la entidad y las leyes canaria y estatal de Asociaciones. Apuntó asimismo que el fallo judicial, que la entidad no piensa recurrir en apelación, obliga a la entidad de Los Llanos a remitir al Gobierno de Canaria las cuentas anuales y la memoria de actividad de los años 2010 y 2011.
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