Factores que favorecen el incremento de la pobreza (IV)

Los datos son reflejos de la realidad, y aunque fríos y desgarradores, son los que asolan nuestro país y a unas administraciones incapaces de paliar un problema que los alternativos gobiernos han generado y que no centran sus prioridades en la realidad del ciudadano de a pie.

 

Con el comienzo de la crisis económica mundial, allá por el 2007, ha dejado al descubierto las debilidades de un modelo de estado, el autonómico, insostenible e inviable a todas luces, y que ha día de hoy ha generado diecisiete mini-estados. Los datos de déficit de todas las comunidades autónomas así lo reflejan, todas en negativo.

 

En casi todas las comunidades autónomas se ha optado por reducir dicho déficit recortando en las áreas que sustentan el estado del bienestar (educación y sanidad, entre otras), y todas bajo las directrices de un gobierno central que es incapaz, como el anterior, de tomar decisiones que favorezcan el bien común de todos los ciudadanos del país (independientemente de donde vivan) por sus intereses partidistas, así el complejo que los nacionalismos (que defienden tanto intereses partidistas como identitarios) les generan (tanto PP como PSOE).

 

La toma de decisiones que los gobiernos tanto nacional como autonómicos han tomado han llevado al crecimiento de la pobreza es nuestro país, con una progresiva desaparición de las clases medias que son el verdadero sostén del estado del bienestar, incrementando de manera imparable y dando pie a que la misma no tenga visos de solución mientras gobiernen aquellos que quieren sostener las prebendas y las estructuras obsoletas que han generado desde la creencia de que nadie cambie y puedan seguir manteniendo sus cuotas de poder e influencia, a base de fórmulas del pasado (incremento de impuestos, recortes en los servicios sociales, etc).

 

Los datos de pobreza no disminuyen y se está generando un fenómeno inconcebible antes del comienzo de la crisis, el de la pobreza laboral: con bajos salarios, temporalidad y la precariedad de los contratos, factores todos estos que impiden, a los que se encuentran en esta situación, salir de la exclusión social. Las medidas de este gobierno así lo han facilitado, frente a modelos distintos de otras formaciones políticas, y han supuesto un fracaso estrepitoso. Tener un trabajo no implica, hoy en día, no ser pobre sino concurren condiciones dignas, y para muestra un informe elaborado por la Fundación Tomillo, que describe que de los trece millones de españoles en riesgo de pobreza y exclusión social que hay en España, casi una cuarta parte (un 23%) tiene trabajo y casi un 12% son jóvenes con formación.

 

Se sigue restringiendo las condiciones de acceso a derechos como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia (todas vertebradoras del estado del bienestar), y esto va por regiones y en base a los "criterios" que cada una estima prioritarios (en Canarias, por ejemplo, sería el sostenimiento de la RTV Canaria y de la policía autonómica, entre otros). Como medida alternativa considero que sería necesario devolver las competencias al estado en dichas materias, para que vivir en una región u otra no suponga diferencia alguna (como ocurre en la actualidad), y se le presten estos derechos a los ciudadanos en condiciones de calidad.

 

Las rentas de inserción, entre otras ayudas, son básicas para paliar los elevados índices de pobreza, y para corregir la enormes diferencias que se generan entre regiones, es necesario legislar desde una base común para todos los ciudadanos del país que les permitan ir paliando las necesidades más básicas.

 

Cuando en muchos de nuestros países europeos se incrementa la inversión en I+D+i como fórmula para ir recuperando la economía, en nuestro país y en sus regiones observamos como la inversión en esta materia disminuye, y así por ejemplo un estudio de la EAE Business School sitúa a Canarias como una de las regiones donde el gasto en esta materia más decreció respecto al PIB entre los años 2011 y 2012, por encima de la media nacional.

 

Nos encontramos en un país donde la población se envejece (hay más jubilados), hay menos niños (no llegan al 6% de la población total) y de ellos uno de cada tres sufre malnutrición. No se puede hacer, en ningún caso, una utilización partidista de los temas relacionados con la pobreza infantil y la búsqueda de soluciones para paliar esta situación requiere de altura de miras, y que de manera inverosímil no todos quieren ver.

 

Para muestra varios casos: con la llegada del periodo vacacional los comedores escolares han posicionado a partidos y dirigentes, y como muchas cosas en nuestro país el tema va por regiones, y aunque la Defensora del Pueblo reclamada la apertura de los comedores escolares, en Galicia, La Rioja, Madrid y Castilla-León hacen caso omiso, caso contrario que en Andalucía y Canarias. Hay quienes, por ejemplo, consideramos que se debe prohibir la posibilidad de cobrar a los escolares por el uso de los comedores y su cuidado mientras están comiendo con un 'tupper', al ver recortadas en algunas regiones las ayudas para los comedores, aunque a determinados nacionalistas y no nacionalistas no les guste; o que los niños a cargo de familias con deudas no queden excluidos de recibir ayudas sociales (contrarrestando lo dicho en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre), que no incluye ninguna excepción para casos de extrema gravedad).

 

Alarmantes son los datos que numerosas ONG´s en lo referente a la pobreza infantil, y algunos son demoledores, como el de la ONG Save the Children, que sitúan a nuestro país como el segundo, por detrás de Grecia, con menor capacidad para atajar la pobreza infantil. Los recientes datos de UNICEF, también refrendan una realidad incuestionable, más de dos millones trescientos mil niños (27%) viven por debajo del umbral de la pobreza, y muchos se encuentran en una situación de malnutrición o de escasa calidad de la alimentación.

 

Hay que invertir en formación y en una educación que se fundamente en la excelencia; hacer importantes reformas estructurales en un país en el que las pautas se marquen desde dentro y no desde fuera; en políticas de empleo (para los jóvenes y los mayores de 45 años, con especial atención); en la lucha contra el fraude (en las grandes operaciones y no en rentas del trabajo) pudiendo obtener más de 70.000 millones de euros anuales, claro está, sin reducir la plantilla y el presupuesto de la Agencia Tributaria (AEAT), tal y como están haciendo el gobierno nacional; etc.

 

Estas son solo algunas propuestas, (hay otras como: combatir sin paliativos cualquier forma de corrupción (sobretodo en política, que genera descredito en las instituciones); acabar con todos los aforamientos (o al menos reducirlos drásticamente); regular normas (como: el de motivar los indultos); tener una justicia independiente; un sistema electoral más justo y representativo; y devolver el control de la política a los ciudadanos), y que son alternativa a la formas y contenidos de hacer política de los partidos tradicionales, los cuales se centran más en seguir defendiendo sus intereses partidistas o identitarios que en dar soluciones acorde a la realidad de la calle. Es imperativo tener altura de miras y sumar esfuerzos en la defensa del interés general, y si otros tienen mejores ideas que las plantee, y de ese modo el ciudadano podrá comprobar que algunos si estamos dispuestos a llegar, como siempre, a consensos que busquen soluciones a la realidad social-económica que asola a nuestros conciudadanos, desde el sentido común, el trabajo y siendo consecuentes con la realidad ciudadana.