Hacienda elabora un decreto para fijar los servicios esenciales y poner en orden los pagos que debe afrontar

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Telde.- La sala de máquinas de la Concejalía de Hacienda continúa trabajando cual fábrica de lubricantes industriales a pleno rendimiento. El departamento que coordina Celeste López prepara un decreto con el que fijará cuáles son los pagos obligatorios y esenciales que debe atender el Ayuntamiento de Telde. A partir de ahí, el consistorio sabrá de cuánto dinero tiene disponible para atender los pagos fijados por sentencias tras expropiaciones ejecutadas en mandatos anteriores.

La alcaldesa Carmen Hernández dio a entender que este decreto será crucial para determinar la política de pagos del consistorio durante una comparecencia mantenida esta mañana con los medios de comunicación de Telde al término de la Junta de Gobierno Local. La líder de Nueva Canarias (NC) apuntó que es “fundamental saber cuáles son los servicios esenciales que estamos obligados a a abordar”, ya que tras dicho proceso se podrá sistematizar las actuaciones a realizar y tener los pagos ordenados según el plan de disposición de fondos aprobado recientemente en pleno.

Dicho de otra manera, Hernández recordó, con la ayuda de los periodistas, que la actual legislación obliga a garantizar en primer lugar los pagos a la plantilla municipal y a las entidades financieras. Posteriormente, en el listado se incluirían los abonos fijados por sentencia y, por último, todos los acreedores, que serían atendidos por riguroso orden de antigüedad.

“Lo que está claro es que los servicios esenciales, como el agua y la luz, deben ser atendidos mes a mes y que, entre otras cosas, queremos también hacer una partida para pagos patrimoniales”. En este sentido, la alcaldesa hizo votos para que se acepte la consideración del que rebacheo de calles y arreglo de vías se considere también como un servicio esencial, dado que. en el caso de que estas intervenciones no se desarrollen y se produzcan percances o accidentes, la corporación se vería obligada a abonar, presumiblemente, pagos por denuncias tras daños personales o patrimoniales.