La alcaldesa inicia el procedimiento para el reintegro de los pagos indebidos del ICO en 2012

TELDEACTUALIDAD

Telde.- Se le acumulan los problemas económicos al Ayuntamiento de Telde. La Junta de Gobierno Local ha tenido conocimiento esta mañana del inicio de un procedimiento de reintegro de pagos indebidos después de que una sentencia anulase el acuerdo plenario que dio el visto bueno a la firma del primero de los créditos ICO, suscrito por el consistorio en 2012. Sobre la mesa, todo un galimatías jurídico y el rompecabezas que supone, a priori, tener que recuperar más de 72 millones de euros. El tema mantiene en vilo a la alcaldesa Carmen Hernández. Los tres requerimientos judiciales vienen a su nombre y podría sufrir, en un caso extremo, hasta una inhabilitación.

El inicio de este embrollo se sitúa tres años atrás, cuando el actual vicealcalde, Juan Francisco Artiles (Más Por Telde) se movilizó ante lo que consideraba una ilegalidad. Telde logró que el Estado le cediese finalmente 72 millones de euros para el pago de deudas y facturas a cientos de proveedores. El caso es que en la relación se incluyeron a Ambrosio Jiménez -al que se le abonaron 13 millones para recuperar una porción de una de las parcelas de La Mareta- y a la empresa mixta Aguas de Telde, pagos que, a juicio de Más por Telde, no tenían cobertura jurídica en el decreto que regulaba el destino del dinero de este crédito. El Tribunal de Cuentas le dio la razón al edil, entonces en la oposición, y el litigio cabalgó en dirección a los juzgados, donde una resolución judicial consideró nulo, por diversos motivos, el pleno que bendijo aquella operación.

Los tribunales reclaman ahora a la institución local que cumpla con lo estipulado, y en esta tesitura la alcaldesa Carmen Hernández se ha visto obligada esta mañana a dar cuenta, por asuntos de urgencia y ante la Junta de Gobierno, de la firma de un decreto con el que solicita al departamento de Intervención el inicio de un expediente de reintegro de pagos indebidos. De fondo subyace la búsqueda enloquecida de una fórmula que permita cumplir con los requerimientos de la esfera judicial, a la que también se le ha comunicado ya el paso dado esta mañana. A esta misma Junta, curiosamente, no ha acudido el concejal Juan Francisco Artiles.

La gran preocupación de la alcaldesa

El rostro de Carmen Hernández patentizaba esta mañana la inquietud y preocupación que le ha generado este caso, heredado de actuaciones y medidas acometidas en el mandato anterior. Fueron los entonces ediles en la oposición de Más Por Telde, Juan Francisco Artiles y Rubén Rodríguez, los que acudieron a los tribunales al entender que en aquel pleno de 2012 se habían cercenado sus derechos fundamentales. En julio de 2015, con Artiles ya en el poder, este ha instado a la ejecución del fallo.

La regidora atendió este mediodía a los medios y ofreció distintos datos que dan fe de la gravedad del asunto. Ha recibido a su nombre dos requerimientos judiciales, algunos con apercibimiento de multas coercitivas en varios procedimientos, porque el juzgado entiende que el fallo que dictó en su momento sigue sin acatarse. Los escritos datan del 1 de septiembre y del 20 de octubre. De ello ya dio cuenta en la reunión de coordinación que tuvo este lunes, como es habitual, con su grupo de gobierno.

Hernández cree que de mantenerse esta presunta desobediencia podría incluso verse enfrentada, en un caso extremo, a una posible inhabilitación de su condición de funcionaria, por lo que entiende que se trata de una cuestión personal y que debe de llevar directamente el área de Alcaldía. La escasez de medios ha hecho que se sienta desasistida jurídicamente por parte de la asesoría municipal, desbordada y con pocos medios, por lo que ha terminando pidiendo ayuda al Cabildo. La corporación insular ha puesto a su disposición a un experto jurista, que le está asesorando no sólo en este asunto, sino en todo lo concerniente al caso de La Mareta y al del intento de reapertura de las escuelas infantiles.

Y es que la carga de trabajo ha sido tal en aquel departamento que en apenas cinco meses se gastaron los 600.000 euros de asignación que tenía para todo el año. La ciudad tiene que hacer frente a tal volumen de requerimientos que de los tres letrados destinados al mismo se ha tenido que reservar a uno de ellos para centrarse, en exclusiva, en la tarea de responderlos.

Volviendo al litigio del ICO, el secretario general del Ayuntamiento de Telde, Ángel Sutil, se ha puesto ya en contacto en distintas ocasiones con la Sala para dar cuenta de los pasos dados en el consistorio, pero a ciencia cierta parece que nadie sabe cómo ejecutar la sentencia. Solicitar a cerca de mil proveedores que devuelvan 72 millones de euros no parece fácil y, además, hasta ahora en San Juan se daba por hecho de que la sentencia estaba más que ejecutada tras la celebración de un pleno ulterior con el que se quiso parchear el defecto de forma en la convocatoria registrado cuando en 2012 se inició este proceso.

Por lo pronto, la regidora confía en que las instrucciones dadas al departamento de Intervención y a la Concejalía de Hacienda sirvan para algo. En el decreto firmado a tal efecto se ha incluido la coletilla de que los proveedores puedan entender que sus derechos están siendo vulnerados y tengan, como opción, el acudir a la vía de lo contencioso-administrativo para retener el dinero recibido tras el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Estado. Un entente que dio paso a un plan de ajuste y a una subida de impuestos en el municipio.

La alcaldesa prefirió eludir valoraciones sobre posibles repercusiones o consecuencias futuras que puedan traer todo esto. Se está a expensas de que se aplique la base jurídica y legal que ya hay dictaminada para regular la devolución de pagos indebidos. 

Se da la circunstancia además de que en el pleno anulado por los juzgados también se aprobó el cambio de modelo de gestión de las escuelas infantiles. La Sala ha requerido al consistorio en este sentido que mueva ficha, pero desde el gobierno local se considera que no es necesario hacer nada al respecto porque las antiguas guarderías siguen cerradas.

Una cuestión en medio de una crisis

La encrucijada en la que se ha visto sumido el Ayuntamiento de Telde en el plano económico coincide en el tiempo con una palpable crisis entre varios de los socios que sustentan el pacto. Entiende Hernández que Artiles y Más Por Telde estén en su derecho de exigir la ejecución de la sentencia, pero al tiempo también ha dejado caer que con otros casos igual no se es tan perseverantes. Sus valoraciones se produjeron al término de una Junta de Gobierno a la que no acudió el edil, pero en la que sí estuvo presente Álvaro Monzón, compañero de partido y responsable de Planeamiento, presente también en el momento en el que la alcaldesa explicaba lo ocurrido a los medios de comunicación.