Las 'andanzas' de un contenedor y la desidia municipal obligan a pagar una indemnización de 978 euros

TELDEACTUALIDAD

Telde.- Otra más desde los juzgados. El Ayuntamiento de Telde tendrá que hacer frente al pago de una indemnización de 978,71 euros a una vecina del Valle de Jinámar a la que el viento y un contenedor de recogida de residuos sólidos le jugaron una mala pasada. Lo curioso del caso es que el consistorio ni peleó el pleito en el juzgado ni trasladó a la aseguradora lo que había ocurrido.

La Junta de Gobierno Local de hoy miércoles tomó conocimiento de la sentencia emitida por el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de la capital grancanaria, que no deja otro camino más que el abono de la cantidad reseñada a la vecina afectada. El temporal de viento sufrido a finales de 2011 convirtió a uno de los contenedores de basura de la calle Fernando Sagaseta en poco menos que un trompo. El receptáculo vino a impactar contra el vehículo de una vecina, quien interpuso la correspondiente reclamación patrimonial ante la institución local. Pero el consistorio no agachó la cabeza, no aceptó la solicitud de abono por los daños causados y el asunto ha terminado en una sala de vistas.

El fallo data de julio pasado, pero hasta hoy no se ha notificado en el citado órgano municipal. Al parecer, la señora basaba su queja en el hecho de que el contenedor no tuviese echado el clásico freno para evitar, por ejemplo, incidentes de este tipo. En el momento en el que se produjeron los hechos, FCC se encargaba (como hace ahora) de la recogida de residuos y Plastic Omnium era la proveedora de material. Las empresas realizaron un informe en el que entendían “que no daba lugar” asumir la petición de la afectada. Se escudaban, ante todo, en la inexistencia de un atestado policial que reflejase y diese fe del percance.

Pero el caso no murió ahí. La vecina no se dio por vencida y acudió al juzgado. Ahí empezaron los males municipales. En primer lugar, el Ayuntamiento de Telde nunca notificó a alguna de sus aseguradoras lo que había ocurrido, a fin de que ejerciese labores de defensa jurídica o asumiese los daños. Y en segundo lugar, la asesoría jurídica tampoco movió ficha, de tal forma que cuando llegó la citación de comparecencia en los juzgados por allí no apareció nadie en nombre del consistorio.

Así las cosas, la ciudad deberá ahora atender sin dilación, casi cuatro años después del vendaval, el problema sufrido en el barrio. La alcaldesa Carmen Hernández explicó este martes que este episodio es un “ejemplo de las numerosas cuestiones a poner en orden en la asesoría jurídica”, al tiempo que lamentó que no se diese parte del expediente a la aseguradora.

La edil de Hacienda, Celeste López, va más allá y entiende que este caso podría haber supuesto un agravio para la persona afectada “si el vehículo dañado hubiese sido comercial y hubiese tenido que estar todo este tiempo sin poder hacer uso de él”.

Los hechos ocurrieron en la primera etapa del mandato anterior, con PP, Ciuca y CC en el gobierno.