El Ayuntamiento cierra un acuerdo con los dos afectados por la construcción de Decathlon en Telde

 

Doce años después de la aprobación del proyecto para urbanizar y levantar en el barrio de La Pardilla, junto al corredor de la autopista GC-1, un gran establecimiento comercial de la firma deportiva Decathlon, el Gobierno de Telde ha conseguido desenredar, a través de un procedimiento de mediación, el “entuerto” en el que derivó este importante proyecto empresarial que acabó en manos de la Justicia al considerar dos de los propietarios de los terrenos que se habían vulnerado sus derechos al dejarles fuera del expediente urbanístico y ocupar las parcelas de su titularidad, y que incluso llegó a acarrear una multa de 1.000 euros para la ex alcaldesa Mari Carmen Castellano (PP) por incumplir la ejecución de una sentencia relacionada con este expediente.

 

Todo se remonta al 2004, concretamente al 15 de octubre de ese año, cuando la Junta de Gobierno Local, presidida en aquel entonces por el que fuera alcalde de la ciudad, Francisco Valido (PP), da el visto bueno al proyecto urbanístico.

 

Un expediente que para el actual grupo de Gobierno se inicia con “prisas y corriendo”, y al que, pese a su complejidad y envergadura, se le otorga tan solo 3 días después la licencia de obra y 36 días más tarde el permiso de apertura del establecimiento cuyas obras de construcción ya habían comenzado meses atrás, sin las autorizaciones pertinentes.

 

Así las cosas, y tras desestimar el Ayuntamiento de Telde las alegaciones presentadas en primera instancia por estos dos particulares propietarios del suelo, llega a manos de la Justicia en forma de una demanda ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que rechaza el recurso.

 

No conformes con la resolución judicial, los afectados apelan ante el Tribunal Superior de Justicia de Canaria (TSJC), que en el año 2009 les da la razón y ordena retrotraer todas las actuaciones a su estado original.

 

Sin embargo, en 20 meses, entre junio de 2011 y febrero de 2013, el Consistorio local no da respuesta a ninguno de los numerosos requerimientos planteados por los Tribunales para ejecutar la sentencia, tan solo contesta para recurrir la misma e iniciar la declaración de lesividad, una vez ya expirado el plazo de 4 años que para ello contempla la ley.

 

En febrero de 2015 el Ayuntamiento de Telde es demandado y se le exige que cuantifique económicamente las indemnizaciones por los daños ocasionados.

 

Tras este giro en los acontecimientos, el 22 de enero de 2015 la Justicia considera propicio recurrir a la vía de la medicación para desbloquear, de una vez por todas, el asunto.

 

Un proceso de negociación entre todas las partes implicadas que se resuelve el pasado 30 de julio con un acuerdo que era homologado por la magistrada en los últimos días y que, todavía tendrá que pasar el trámite de ser aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento.

 

Se establece una indemnización de 1.235.526, correspondiéndole afrontar a la Institución municipal un 25 por ciento de la misma, es decir, 247.105 euros, y el 75 por ciento restante, 988.421 euros) a Promociones Horneras S.L., impulsor del proyecto.

 

Dentro del acuerdo alcanzado, se establece que el Ayuntamiento de Telde podrá abonar los 247.105 euros de indemnización en dos pagos. El primero de ellos en los tres meses iniciales de 2016, y el otro en el segundo trimestre de 2017.

Tanto la actual alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, como el concejal Juan Francisco Artiles, han insistido en subrayar que este es un “tremendo ejemplo del mal hacer”, “uno más de muchos”, y que atestigua errónea gestión política que ha marcado el desarrollo urbanístico del municipio durante el “cuatrienio negro” del mandato 2003-2007 del PP y Ciuca.

 

Un reflejo de “irresponsabilidad, desidia y dejación de funciones” que no solo ha ocasionado un considerable desembolso económico a las arcas públicas, sino que además priva al Ayuntamiento de ejercer el derecho de aprovechamiento sobre el 10% en el que se ha desarrollado este complejo comercial.

 

Además, de los perjuicios que a lo largo de los años se ha ocasionado a la imagen de Telde y de la Institución municipal, generando una inseguridad jurídica y una desconfianza que, advierten los mandatarios, ha espantando importantes inversiones, con el consiguiente freno a la economía local y a la creación de cientos de puestos de trabajo que esto supone.