Faycán, 10 años ya

Telde.- Cuatro de julio de 2005. Esa es la fecha que luce en el folio número 1 de los más de 16.000 que conforman el tronco principal del llamado caso Faycán. El presunto caso de corrupción municipal más importante que ha sacudido Canarias -con permiso del lanzaroteño caso Unión- ha cumplido recientemente su primera década de vida sin que existan previsiones de que su cierre, en forma de celebración de juicio o archivo de la instrucción, se produzca antes de que concluya este año.

 

Por los datos recabados estos días por TELDEACTUALIDAD en distintas fuentes judiciales, la causa se mantiene bloqueada en los juzgados de Telde por cuestiones que ya nada tienen que ver con la investigación en sí de los presuntos hechos perpetrados en torno al supuesto cobro de comisiones por la adjudicación de obras, contratos, bienes y servicios en el Ayuntamiento de Telde entre 2004 y 2006.




Las previsiones más optimistas sitúan el plenario, en el mejor de los casos, para la primavera de 2016. Y ello porque el sumario y sus pruebas de convicción continúan todavía en los juzgados de la ciudad de los faycanes después de que la Audiencia Provincial de Las Palmas estimase el 3 de octubre de 2014 los recursos presentados por cerca de media docena de las 29 personas que siguen imputadas en el caso y devolviese a Telde la investigación.

 

El motivo de esa devolución fue una providencia de la sección Segunda del referido órgano judicial instando al último instructor conocido del Faycán, Juan José Ramos, a que facilitase a los encartados el acceso a toda la documentación que consta en el proceso y el tiempo necesario para su estudio.

 

Tras llevar a cabo esta orden, se supone que los abogados contarían con herramientas más que suficientes para articular sus escritos de defensa, pero lo cierto es que hasta este pasado viernes la cuestión seguía sin ser del todo debidamente atendida a tenor de lo relatado por varios de los afectados.


 

“Existen expedientes administrativos y discos duros de contabilidad de varias de las empresas investigadas en autos que fueron puestos a disposición de la Agencia Estatal Tributaria y de la Audiencia de Cuentas de Canarias para su cotejo. Para que podamos consultarlos con calma no se nos ha ofrecido una copia por motivos logísticos, sino su consulta directa en un pequeño cuarto que no reúne las condiciones. En otros casos, el material que se nos ha entregado no ha sido bien grabado y no se puede revisar debidamente en un ordenador”, detalla uno de ellos.

 

Como consecuencia de ello, los escritos de defensa que debían oponerse a las conclusiones y a las peticiones de cárcel, inhabilitación y multas lanzadas por el fiscal anticorrupción Luis del Río en 2013 siguen sin existir.

 

Y sin estos escritos no se puede dictar apertura de juicio oral, ya que lo que hizo el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca en febrero de 2009 fue simplemente transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado. La mencionada apertura permitiría entonces a la Audiencia abrir su agenda y buscar fecha para la celebración del juicio, que se prevé largo dada la gran cantidad de imputados y pruebas a practicar en él.

 

De hecho, dos de ellos, la exconcejala María Antonia Torres y el empresario Fernando Verona, ya han fallecido, por lo que se han archivado los cargos que pesaban contra ellos.

 

Así las cosas, la magnitud de la instrucción y el manejo de soportes sonoros durante el plenario requerirán de la reserva de un plazo de al menos dos meses para poder ventilar el asunto.

 

Además, las fechas tendrán que cuadrar con los compromisos que ya puedan tener fijados los abogados de las defensas en otras causas. Esta circunstancia, añadida a la carga de trabajo que arrastran los tribunales capitalinos, hacen totalmente inviable la opción de que tenga lugar el plenario antes de que finalice el presente año. ¿Para cuándo el juicio del caso Faycán? Una pregunta que nadie podrá responder todavía a lo largo de los próximos meses.

 

Mientras esto sucede, la causa, aunque inerte, sigue viva. Frente a las tesis que apuntan a una posible nulidad de las actuaciones o a prescripciones de delitos dado el tiempo transcurrido desde que estalló el caso y se presentaron las primeras imputaciones, en marzo de 2006, hay quienes argumentan que lo único que se podrá 'rascar' como mucho con este retraso es una rebaja considerable de la pena en el supuesto de que se dicte una sentencia condenatoria contra varios de los políticos, asesores, empresarios y funcionarios que se sentarán en el banquillo de los acusados. Se aludiría para ello a la existencia de dilaciones indebidas.


 

Como se recordará, el caso tiene su origen en la presentación de una denuncia, en el verano de 2005, por parte de la empresaria María Luz Navarro Montesdeoca, quien con su firma había ejecutado una pequeña obra de ensanche de aceras en el barrio de El Calero. Navarro alegó que el entonces asesor de Torres, Francisco Gordillo, le había reclamado tras ello el pago de una cantidad, a modo de comisión, para desbloquear el abono de las facturas pendientes.

 

Harta de la situación, la empresaria acudió a la Policía Nacional, donde la Brigada Provincial de Información se hizo cargo desde el principio de las pesquisas practicando pinchazos telefónicos y desplegando operativos de seguimiento. De estas primeras anomalías es de lo que se comienza a hablar en el primer folio de un sumario interminable.

 

El 1 de marzo de 2006, tras siete meses de intenso trabajo y bajo orden judicial, trasciende a la opinión pública el caso con las detenciones de Torres, Gordillo, el por entonces interventor Enrique Orts y varios empresarios. A partir de ahí, y con los investigadores buceando en un océano de documentación incautada en el Consistorio y en firmas comerciales, se sucederían unos meses de intensa actividad con oleadas de arrestos -llegaron a estar imputadas hasta 53 personas- y la aparición de varias piezas separadas que ya no sólo indagaban en el presunto cobro de sobornos, sino en otro tipo de actividades ilícitas.

 

En noviembre de 2007 la ciudad se estremecería con la detención del entonces alcalde Francisco Valido (PP) y varios de sus ediles. Por parte de Ciuca, la otra patarte del Gobierno local de aquel entonces, la única que se vería imputada fue la edil Candelaria Sánchez.


 

En febrero de 2009 las diligencias se transformaron en un procedimiento abreviado y el juez consideró retirar los cargos a varios de los imputados, con los concejales Sonsoles Martín, José Suárez y Domingo Ramírez a la cabeza. Cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y tráfico de influencias eran sólo algunos de los delitos que se repartían entre todos los encartados.


 

En julio de 2013 es cuando el fiscal Luis del Río, tras solicitar la práctica de nuevas periciales y diligencias, presenta su escrito de acusaciones y todo un ramillete de peticiones de cárcel, multas y años de inhabilitación para los procesados. Al frente de todos ellos, tras la muerte de Torres y la retirada de la primera línea de la política de Valido, queda como cargo público más llamativo la ya entonces nueva alcaldesa, María del Carmen Castellano, para la que se solicitan 5 años de cárcel y a la que se le acusa de tener unos ingresos no justificados que rondan los 38.000 euros.

 

Ella, que no ha dejado de insistir en su inocencia, y otras 28 personas continúan pendientes de un juicio que no termina de celebrarse.