El Supremo admite a trámite los recursos de los condenados por el Caso Europa

Telde.- La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos de casación presentados por los cinco condenados por el denominado Caso Europa: José Luis Mena, Francisco Cambreleng, José Manuel Antón, Juan Carlos Saavedra, y Pedro Pablo Santana. La vista se ha señalado para el próximo 24 de septiembre. El TSJC absolvió tras el juicio al diputado del PP Jorge Rodríguez.

 

Hace casi un año, el 3 de septiembre de 2014, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condenaba a los cinco acusados -el empresario José Manuel Antón Marín, el exgerente de la empresa municipal Urvitel (hoy Fomentas), Juan Carlos Saavedra, el exjefe de Urbanismo de Telde, José Luis Mena, el exresponsable, también de Telde, de Patrimonio, Pedro Pablo Santana, y el exempleado del grupo Europa y, a la vez, denunciante, Francisco José Benítez Cambreleng.- a diferentes penas de cárcel y multas económicas por esta pieza separada del Caso Faycan al considerar que existió una trama para el cobro de comisiones ilegales en Telde por la promoción de viviendas.

 

Un fallo que era recurrido por los condenados que presentaban ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo los correspondientes recursos de casación. Recursos que posteriormente serían impugnados por el fiscal Antonio Pablo Rives que en un escrito de 79 páginas tumbaba uno por uno los argumentos esgrimidos por los letrados de todos los recurrentes, que alegaban infracción de ley, quebrantamiento de forma y vulneración de precepto constitucional.

 

El concreto, el Alto Tribunal canario fallaba condenar al ex funcionario municipal y antiguo responsable de Urbanismo, José Luis Mena, a seis años y diez meses por recibir sobornos y falsificar documento y a una multa de 151.000 euros. Cabe recordar que José Luis Mena entraba hace unas semanas en la cárcel para cumplir condena de otros 3 años y medio por la falsificación de documento público relativo a un expediente urbanñistico para la construcción de una promoción de viviendas en Los Alisios.

 

También condenaba el TSJC al funcionario y ex jefe de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde Pedro Pablo Santana como cómplice de cohecho, con de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de un año y cinco meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y multa de veintidós mil euros, con responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público en la administración estatal, autonómica o local por cinco años.

 

Y como autor responsable de un delito de cohecho previsto y penado, con la atenuante de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de cincuenta y cinco mil euros con responsabilidad personal subsidiaria de cuatro meses de privación de libertad y suspensión para todo empleo o cargo público en la administración estatal, autonómica o local por un año y cinco meses. 

 

El exgerente de Urvitel, Juan Carlos Saavedra Guadalupe, era condenado por cuatro delitos. Como cooperador necesario, responsable penalmente de un delito de cohecho previsto y penado con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de dos años y tres meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y multa de cincuenta y cinco mil euros, con responsabilidad personal subsidiaria de cuatro meses de privación de libertad e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público en la administración estatal, autonómica o local por ocho años.

 

Como autor responsable de un delito de prevaricación previsto y penado, concurriendo la referida atenuante de la responsabilidad criminal, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público en la administración local, autonómica o estatal por siete años.

 

Además, como responsable de un delito contra el mercado y los consumidores, con la concurrencia de la atenuante de la responsabilidad criminal, a la pena de nueve meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.

 

Y por último como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, con la atenuante de la responsabilidad criminal, a la pena de un año y diez meses de prision, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y multa de nueve meses, con una cuota diaria de dos cientos euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

 

El empresario José Manuel Antón es autor responsable de un delito continuado de cohecho y, con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de cuatro años y tres meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y multa de quinientos veinte mil euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un año de privación de libertad.

 

También es responsable de un delito contra el mercado y los consumidores, con la atenuante de la responsabilidad criminal, a la pena de nueve meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.

 

Por su parte, el denunciante del caso, el abogado Francisco Benítez Cambreleng es autor de un delito continuado de cohecho, como cómplice, con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, así como la muy cualificada de confesión, a la pena de seis meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derechos de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, y multa de dieciséis mil quinientos euros, con responsabilidad subsidiaria de un mes de privación de libertad.

 

Además es autor delito de falsedad en documento mercantil, con la atenuante analógica de dilaciones indebidas y confesión, a la pena de un mes y quince días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y multa de un mes y quince días, con una cuota diaria de quince euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

   

Además de al diputado autonómico del Partido Popular Jorge Rodríguez, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias absolvía a Verónica García Melgar, esposa de Juan Carlos Saavedra.