El PP teme que el freno a los concursos para cubrir plazas de la Policía Local acarree perjuicios económicos

TELDEACTUALIDAD

Telde.- El grupo municipal del Partido Popular de Telde se interesó este viernes por las posibles repercusiones administrativas y “sobre todo económicas” que podría tener para el Ayuntamiento  la declaración de lesividad de todos los procedimientos selectivos de la Policía Local, medida acordada días atrás por el nuevo Gobierno de Telde.

La concejala popular Sonsoles Martín aprovechó la reunión ordinaria  de la Comisión de Pleno de Presidencia, Transparencia, Innovación, Participación Ciudadana, Administración y Servicios Sociales, que preside el socialista Alejandro Ramos, para reclamar información sobre los posibles perjuicios de la suspensión de las convocatorias para cubrir cinco plazas de oficiales, una de inspector y otra de inspector de la Policía Local, aprobadas por el Gobierno saliente.

La edila de la oposición entiende que esta decisión del pacto cuatripartito  supone, de hecho, que se paralicen durante algo más de un año todos estos procedimientos que “contaban con el visto bueno de la práctica totalidad de los sindicatos con representación en la plantilla del cuerpo de seguridad local”. Se congela así, apuntó, “la oferta de empleo”.

Según Martín, el concejal de Recursos Humanos y Régimen Interior, el socialista Gregorio Viera, garantizó en la reunión que el procedimiento para declarar la lesividad de estos concursos no tendrá efectos negativos para el Consistorio.

TA informó días atrás de que el Ayuntamiento ha dado el primer paso para solicitar a la Justicia que anule la convocatoria de estas plazas policiales al entender que vulneran los intereses de la Administración y de la propia plantilla del cuerpo de seguridad.

El propio Viera confirmó días atrás que su departamento ha iniciado la incoación del proceso de lesividad de la convocatoria de cinco plazas de oficiales de la Policía Local de Telde, concurso aprobado por el Gobierno anterior, al detectar varias infracciones contra el ordenamiento jurídico.

Una medida que según ratificaron fuentes municipales también se adoptará contra la convocatoria de una plaza subinspector y otra de inspector, y tras la cual se interpondrán los respectivos recursos judiciales por la vía Contencioso-Administrativa solicitando la suspensión de dichos concursos públicos.

La Administración municipal considera que se ha vulnerado la normativa vigente y que, por tanto, la convocatoria de plazas puede ser susceptible de ser anulada por parte de la Justicia.

En concreto, hace referencia a varios artículos de las bases en los que se fijan las condiciones que han de cumplir los aspirantes -como por ejemplo el índice de corpulencia o los permisos de conducción necesarios- así como la prioridad de la fase de oposición y las puntuaciones del concurso.